• Nadia Calviño firma hoy una Orden Ministerial que regula aspectos específicos de las cuentas de pago básicas que deben ser ofrecidas por las entidades de crédito a todos los ciudadanos
• Además, se publica en audiencia pública el Real Decreto que determina los colectivos en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social que podrán disponer de una cuenta de pago básica completamente gratuita
• La Orden regula también el procedimiento para el traslado de cuentas y los requisitos de los comparadores de comisiones

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, firma hoy la Orden Ministerial que regula aspectos específicos del Real Decreto-ley 19/2017 de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, completándose así la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva comunitaria 2014/92/UE de 23 de julio de 2014.

Esta Orden especifica las condiciones y características de las cuentas de pago básicas que deben ser ofrecidas a todos los ciudadanos para permitirles realizar servicios bancarios básicos como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias. El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a los servicios financieros de todos los ciudadanos.

Se fija el coste máximo de esta cuenta que no podrá ser mayor de 3€ al mes, en línea con el de otros países de europeos. Este coste cubre todos los servicios de la cuenta, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.

Asimismo, se facilita la movilidad de los clientes, que podrán traspasar sus cuentas entre entidades con más facilidad y se mejora la calidad de los comparadores.

Cuentas de pago básicas gratuitas

Además, en aras de favorecer la inclusión financiera, el Ministerio de Economía y Empresa publica hoy en audiencia pública el Real Decreto que regula el acceso gratuito a las cuentas de pago básicas a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El texto establece los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita. Para determinar si se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Las Entidades Financieras deberán informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.