Proyecto de RD de xx de xx, de desarrollo del RD-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones en lo que se refiere al régimen aplicable a personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

Unidad: Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

Antecedentes

El Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico el régimen previsto en la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (en adelante, la Directiva).

Uno de los objetivos perseguidos por el Real Decreto-ley 19/2017 y por la Directiva 2014/92/UE es facilitar el acceso de los potenciales clientes a los servicios bancarios básicos.

La Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2011, sobre el acceso a una cuenta de pago básica, no resultó un instrumento eficaz para dar respuesta a aquellas situaciones en las que clientes potenciales no pueden abrir una cuenta de pago porque, bien se les deniega esa posibilidad, bien no se les ofrece un producto adecuado.

Aunque dicha Recomendación exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación a más tardar seis meses después de su publicación, solo unos pocos Estados miembros cumplían los principales principios de la misma.

Ante esta situación, el Real Decreto-ley 19/2017 soluciona a nivel nacional este problema, creando un producto financiero específico al que denomina cuenta de pago básica. Las cuentas de pago básicas permitirán al cliente, al menos, ejecutar una cantidad ilimitada de operaciones de los siguientes servicios que se consideran esenciales:

a) Apertura, utilización y cierre de cuenta.

b) Depósito de fondos.

c) Retirada de dinero en efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en la Unión Europea.

d) Las siguientes operaciones de pago en la Unión Europea: 1.º Adeudos domiciliados; 2.º Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea; 3.º Transferencias, inclusive órdenes permanentes en las oficinas de la entidad y mediante los servicios en línea de la entidad de crédito cuando esta disponga de ellos.

El Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, prevé en su artículo 9.4 la posibilidad de establecer reglamentariamente «distintos regímenes de condiciones más ventajosas en materia de comisiones en función de la especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera de los potenciales clientes.»

El marco legal parte, por tanto, de la posibilidad de establecer un sistema de determinación de comisiones máximas a cobrar al cliente estructurado sobre dos niveles, en función del colectivo al que se aplique.

Un primer nivel es el de comisión ordinaria, establecida con carácter general para cualquier persona que cumpla los requisitos para la apertura de una cuenta de pago básica previstos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley. La Orden del Ministro de Economía y Empresa será el instrumento en el que se materialicen las comisiones en este primer nivel, a partir de los criterios fijados en el artículo 9.3 del Real Decreto-ley:

a) Nivel de renta nacional en relación con otros Estados miembros.

b) Las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito por tales servicios en cuentas distintas de las cuentas de pago básicas.

c) Las comisiones o gastos máximos que, conforme a este artículo, se establezcan, en su caso, por los servicios previstos en las letras a), b), c) y d) (2.º) no tendrán en cuenta el número de operaciones ejecutadas sobre la cuenta de pago básica. Para el resto de los servicios, se establecerá un número mínimo de operaciones que cubran el uso medio personal de cada servicio sin comisión o con una comisión razonable. Por encima de este número mínimo, las comisiones o gastos máximos que se establezcan, no serán superiores a las comisiones medias aplicadas por cada entidad.

Paralelamente, se regula la opción de crear un segundo nivel de comisión en el artículo 9.4 del Real Decreto-ley, de carácter más ventajoso que el anterior, para aquel colectivo de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. Conforme a este precepto, los criterios para la determinación de este colectivo no pueden plasmarse en Orden del Ministro de Economía y Empresa, sino en norma con rango de Real Decreto que aprobará el Gobierno. Este régimen específico podría consistir, por ejemplo, en un nivel inferior de comisiones y bien en la gratuidad para determinados colectivos.

Problemas que se pretenden solucionar con la norma

A partir del marco legal descrito, el Real Decreto que se somete a consulta trata de dar respuesta a la determinación del segundo nivel de comisión, dando cumplimiento a la previsión realizada en el artículo 9.4 del Real Decreto-ley.

La nueva norma pretende completar el contenido de la disposición legal habilitante, estableciendo tanto el colectivo de personas en situación de especial vulnerabilidad, como el nivel de comisiones que les resultará de aplicación en la apertura y mantenimiento de una cuenta de pago básica.

La norma proyectada aporta, en consecuencia, un considerable valor social, en la medida que diseña un régimen específico -distinto del general- para un colectivo de personas que por su situación han de ser objeto de tratamiento más ventajoso en la relación que establecen con las entidades de crédito cuando ejerzan su derecho, en los términos de los artículos 3 y 4 de la norma habilitante, a la apertura y mantenimiento de una cuenta de pago básica.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La protección de las personas en especial situación de vulnerabilidad o de posible riesgo de exclusión financiera justifica el ejercicio del desarrollo reglamentario previsto en el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre.

Objetivos de la norma

El proyecto de Real Decreto que se somete a consulta tiene como objetivo desarrollar el régimen de condiciones más ventajosas para la apertura, funcionamiento y operatividad de la cuenta de pago básica, previsto en el artículo 9.4 del Real Decreto-ley para personas físicas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

La articulación de este régimen -contenido del Real Decreto sometido a consulta- se basa en dos componentes:

a) El régimen de comisiones aplicable, que necesariamente han de ser más ventajoso que establecido con carácter general para todo cliente de una cuenta de pago básica. En este sentido, cabría incluso plantearse la gratuidad para aquellas personas más vulnerables;

b) El colectivo de persona físicas al que aplicar dicho régimen, caracterizado por (i) su situación de vulnerabilidad, y (ii) por su riesgo de exclusión financiera.

En particular, se somete a consulta el diseño y los criterios podrían seguirse en la determinación de cada uno de estos dos componentes, aspectos éstos que constituirán el contenido esencial del Real Decreto.

Posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias

Si bien el establecimiento de unas comisiones máximas ya garantiza un nivel adecuado de las comisiones aplicables a las cuentas de pago básicas, el fin último perseguido por el Real Decreto-ley –la inclusión financiera- existe un colectivo más desfavorecido que podría necesitar de un tratamiento específico en lo que se refiere a las comisiones que tendrían que abonar.

Ante esta situación, cabría adoptar distintas opciones:

a) No intervenir. No es aconsejable, pues no se alcanzaría el objetivo final perseguido por el Real Decreto-ley.

b) Establecer un nivel de comisiones específico para el colectivo con riesgo de exclusión financiera. El ejercicio de la potestad reglamentaria garantiza el objetivo de este proyecto, que es la protección de las personas en especial situación de vulnerabilidad o de posible riesgo de exclusión financiera. Asimismo, su aplicación mediante norma frente a otras alternativas no regulatorias garantiza mayor seguridad jurídica en la medida que la regulación implica la aplicación de condiciones y criterios de acceso a la situación de riesgo o vulnerabilidad uniformes para todas las entidades

Anexos

Ver anexo en el apartado “Documentos”

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico audiencia@tesoro.mineco.es hasta el 24 de julio de 2018 haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.