Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transponen directivas de la UE en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad: Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional

Plazo: hasta el 23 de junio de 2020 (tramitación urgente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020)

Resumen de la norma

El presente Anteproyecto de Ley transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros.

El Anteproyecto de Ley avanza en el refuerzo del sistema de control del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incorporando las nuevas disposiciones comunitarias e incluyendo mejoras adicionales en la norma actual para incrementar la efectividad de los mecanismos de prevención.

Una de las principales novedades derivadas de la V Directiva es la inclusión de nuevos sujetos obligados que deben cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Entre estos nuevos sujetos obligados están los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo a los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal o viceversa, o de cambio entre monedas virtuales. Asimismo, se añaden a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves. Los nuevos sujetos obligados deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades.

Otra de las novedades es el reforzamiento del sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas, para lo que se crea un sistema registral único que incluirá la información de los titulares reales ya existente en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en nuestro país y de sus titulares reales. Este nuevo sistema registral permitirá la interconexión de la información con los registros de los otros países de la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información.

Junto a las obligaciones registrales, se establece el deber para los sujetos obligados de solicitar esta información registral en sus relaciones de negocios con personas jurídicas, y el deber para las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos obligados cuando así se requiera.

También se da cumplimiento a las exigencias establecidas por la Directiva en relación con la información a declarar en el Fichero de Titularidades Financieras, ya existente en España desde 2016. Este Fichero contiene un sistema automatizado con la información actualizada sobre los titulares de todas las cuentas bancarias y otros activos. En concreto, la norma clarifica las obligaciones de declaración en el Fichero por las entidades declarantes y amplía esta obligación a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago, incluyendo las existentes en las entidades de dinero electrónico y en todas las entidades de pago. Además, modifica el sistema y condiciones de acceso a dicha información por las autoridades con competencias en la investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

La modificación normativa establece también mejoras en el intercambio de información entre instituciones españolas o con autoridades internacionales en estas materias, así como en las comunicaciones internas entre diferentes entidades del mismo grupo empresarial, en ocasiones en diferentes países.

El Anteproyecto de Ley incluye cambios adicionales a lo establecido en la Directiva con el fin de introducir mejoras adicionales en la legislación, que permitan una mayor efectividad de los mecanismos de prevención. En especial, se tienen en consideración las ventajas de las nuevas tecnologías permitiendo el desarrollo de servicios comunes de almacenamientos de datos entre las entidades o mejorando su potencial aplicabilidad a la función de cumplimiento de identificación de clientes.

También se adecúa la Ley nacional a los sistemas establecidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de los procedimientos de aplicación de las sanciones y contramedidas financieras internacionales sobre ciudadanos y entidades incluidos en listas aprobadas por dicho Consejo.

Se incluye, asimismo, la aprobación de un nuevo sistema de responsabilidad para los expertos externos, que son los encargados de realizar los informes preceptivos sobre la adecuación de las medidas de prevención que aplican los sujetos obligados en relación con las exigencias de la normativa.

Finalmente, se modifican algunos aspectos puntuales de la normativa actual en relación con el transporte de efectivo y de medios de pago, y sobre las declaraciones obligatorias en los movimientos transfronterizos, en línea con el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece determinadas novedades en esta materia.

Texto completo

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Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico secretariaICMC@economia.gob.es hasta el 23 de junio de 2020 (tramitación urgente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020), haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.