Medidas para ciudadanos

Mejora de la protección los trabajadores aislados y/o infectados por el COVID-19

Desde el 10 de marzo se mejoró la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19, tanto en el caso de personas en aislamiento preventivo, como de quienes contrajeron el virus y tuvieron que solicitar una baja.

Para mejorar su prestación, la baja se considera Incapacidad Temporal, asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo. Esto permite que la prestación, desde el día siguiente al de la baja laboral, alcance el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

Más información, en Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE.

Incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo para personal en el régimen del mutualismo administrativo

El personal al servicio de la Administración Pública encuadrado en el régimen especial del mutualismo administrativo que se encuentre en aislamiento preventivo, así como quienes se han contagiado del virus, se consideran en incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo. Se extiende así a los empleados públicos la medida adoptada en el Consejo de Ministros de 10 de marzo para el Régimen General de la Seguridad Social.

Se refuerzan los derechos de los trabajadores en materia de conciliación laboral
  1. En cuanto a la adaptación (si no hay reducción de la jornada, no se reduce el salario):
    • Puede afectar al tiempo de trabajo (horarios, turnos…), al lugar de prestación de los servicios (cambio de centro o teletrabajo) o a las funciones a desarrollar.
    • En este caso, se establece el derecho del trabajador a solicitar y a concretar tal adaptación para atender a las personas a su cargo ante la situación de excepcionalidad derivada del Covid-19 (ejemplo: cierre de centros educativos).
  2. En cuanto a la reducción de la jornada (se reduce proporcionalmente el salario): se le reconoce al trabajador los mismos derechos que en caso de la adaptación.
Mejora de la cobertura de los trabajadores
  • Para todos los trabajadores afectados por procedimientos de regulación de empleo relacionados con el COVID-19 (sean de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción):
  • Se permite el acceso al derecho a la prestación contributiva de desempleo, aunque no se tenga cotizado el periodo mínimo que exige la normativa general.
  • El periodo de la prestación de desempleo consumido durante estos ERTES no se computará a efectos de futuras prestaciones por desempleo. Es decir, lo que ahora se cobra de desempleo no limita el tiempo que se puede cobrar en el futuro en caso de volver a quedar desempleado.
  • Para las empresas afectadas por procedimientos de regulación de empleo por las causas de fuerza mayor relacionadas con el Covid-19 se prevé una exoneración en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto a los trabajadores incluidos en el expediente y mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado por dicha causa.
    • Esta exoneración se vincula al compromiso de que la empresa mantenga el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad.
  • Se exonera el cumplimiento de determinados plazos relativos al cobro de las prestaciones y subsidios por desempleo:
    • El incumplimiento del requisito de presentar la solicitud de inicio o reanudación de la prestación o subsidio en el plazo de 15 días desde que se produzca la situación de desempleo no supondrá la reducción del tiempo de duración de la prestación.
    • La misma regla se establece respecto al incumplimiento de otros plazos previstos para mantener el derecho a cobro, por ejemplo, el plazo de 15 días para presentar la declaración anual de rentas en el caso de los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años.
Limitación de despidos

Se establece que las mismas causas de fuerza mayor o empresariales (económicas, organizativas o de producción) relacionadas con el COVID-19 que pueden justificar ERTEs no pueden justificar el despido.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales

Con el objetivo de reforzar las limitaciones de la movilidad como medida de contención y control de epidemia del Coiv-19, el RDL 10/2020 introduce un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena desde el 30 de marzo al 9 de abril, con los siguientes criterios:

  • Quedan excluidos los trabajadores de actividades esenciales, que se definen en el propio RDL 10/2020.
  • Se excluye a los trabajadores afectados por actividades suspendidas por el RD de estado de alarma o que puedan llevar a cabo teletrabajo.
  • Se permite a las empresas mantener un mínimo de trabajadores para la actividad mínima indispensable.
  • La recuperación de las horas no trabajadas durante la duración del permiso debe efectuarse desde la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
Subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar

Se crea un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación es el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Es compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Subsidio extraordinario para trabajadores con contrato temporal

Se aprueba un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para las personas que tuviesen un contrato temporal de al menos dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo, estableciendo requisitos de acceso en función de las rentas del hogar familiar.

Suspensión de desahucios, moratoria de alquileres, y micro-créditos para inquilinos

Se suspenden los desahucios durante seis meses a contar desde el pasado 2 de abril, cuando entró en vigor el Real Decreto-Ley 11/2020.

Se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Esta prórroga será de seis meses y hará que se mantengan los términos y condiciones del contrato en vigor.

Se articula, por otra parte, un sistema de protección para inquilinos en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su alquiler. Este sistema consta de:

  • Una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda [1], tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. La moratoria se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

Alternativamente, arrendador y arrendatario podrán acordar una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si persistiese la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

  • En el caso en que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.
  • Programa de microcréditos al 0% de interés: En caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
  • Programa de ayudas directas: Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual
  • Programa para víctimas de violencia de género: la norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

[1] Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

Moratoria Hipotecaria

Se establece una moratoria de tres meses en el pago de préstamos hipotecarios para las personas en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19 siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el deudor hipotecario pase a estar desempleado o sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o de sus ventas.
  • Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere unos determinados límites.
  • Que la cuota hipotecaria más gastos y suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.
  • Que por la emergencia sanitaria la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

Para la acreditación de las condiciones anteriores, bastará una declaración responsables.

Las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes del préstamo hipotecario se posponen por idéntico periodo.

Asimismo, se extiende la posibilidad de solicitar la moratoria hipotecaria a los propietarios de viviendas en situación de alquiler para las que se haya dejado de percibir la renta arrendaticia.

El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, establece que los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta el 29 de septiembre de 2020, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

Se suspenden las obligaciones derivadas de los contratos de crédito al consumo durante tres meses, ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros para personas afectadas por el COVID-19.

 

Becas comedor para asegurar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Se asegura el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos.

Para ello, se han ampliado en 25 millones de euros vía becas comedor los recursos específicos de las comunidades autónomas para prevenir situaciones de carencia debido a la falta de acceso a los servicios de comedor de los centros educativos de los que algunos de estos niños y niñas.

Esto permite también mantener la actividad económica vinculada a estos servicios de alimentación.

Se garantiza el suministro de agua, energía eléctrica y gas natural a los consumidores vulnerables

Se amplían los sujetos protegidos y se imposibilita el corte de estos suministros.  Adicionalmente, se establecen garantías de no interrupción de los servicios de telecomunicaciones.

El RDL 11/2020 establece medidas adicionales para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio , garantiza que excepcionalmente, hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso.»Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar del acreedor, hasta el 29 de septiembre de 2020, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.»

Prórroga automática del plazo de vigencia del bono social eléctrico

Se prorroga de forma automática el plazo de vigencia del bono social eléctrico hasta el 15 de septiembre de 2020 para evitar que los beneficiarios dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa.

Suspensión de la revisión de los precios de los gases licuados

Se establece la obligación de adoptar las medidas oportunas para dar prioridad al teletrabajo, siempre que ello sea técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario es proporcionado.

Para facilitar el teletrabajo, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el trabajador.

Protección al consumidor en los contratos de compra venta

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma.

En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato.

En servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.

Limitaciones de publicidad

Se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

Suspensión de plazos para devolución de productos

Durante la vigencia del estado de alarma y las prórrogas se suspende el plazo que la ley establece para la devolución de productos comprados por cualquier modalidad (presencial u online).

Prórroga de la vigencia del DNI

Se prorroga durante un año la vigencia del Documento Nacional de Identidad de aquellas personas titulares de un DNI que caduque desde la entrada en vigor del estado de alarma.

Más información, en Ministerio del Interior.

Apertura de centros sanitarios y de atención a personas mayores

Se dispone que los centros sanitarios y centros de atención a personas mayores deben mantener su actividad, al considerarse esenciales.

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad.

Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19.

Prórroga de los contratos de profesorado en la universidad y de personal investigador del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Se prorrogan los contratos de profesorado temporal en la universidad (asociados, visitantes, ayudantes y ayudantes doctores) que finalicen durante la vigencia del estado de alarma. De igual forma, se prorrogan los contratos de personal investigador procedentes de convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estas prórrogas tendrán una extensión equivalente a la duración del estado de alarma y excepcionalmente, estas prórrogas podrán extenderse hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del mismo.

Colaboración de empleadas y empleados públicos

Los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias laborales, podrán realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19.

Habilitación del retorno al trabajo del personal sanitario jubilado

Se permite que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, y compatibilizarlo con la percepción de su pensión.

Medidas para garantizar los suministros básicos

Para evitar que haya situaciones de cortes de suministros en una situación crítica como la actual se amplía la garantía de los básicos ya introducida en el RD 8/2020:

  • Garantía de la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.
  • Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico a los autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.
  • Garantía de la cobertura del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal.  Se dotarán 15 millones de euros para que los operadores de televisión digital terrestre de ámbito estatal puedan mantener durante seis meses la cobertura en algunas zonas.
Procedimiento para facilitar el abono de impagos de usuarios ante operadores de comunicaciones electrónicas

El Consejo de Ministros del pasado día 26 de mayo aprobó el procedimiento para facilitar el abono de los impagos en los que el usuario haya incurrido durante el estado de alarma, durante el cual los operadores han estado obligados a mantener el servicio.

Las medidas aprobadas incluyen un procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo flexible.

Los operadores de comunicaciones electrónicas estarán obligados a ofrecer un fraccionamiento y aplazamiento de la deuda en la que hayan podido incurrir sus abonados desde la fecha de inicio del estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020. El plazo para realizar los pagos fraccionados será de seis meses, salvo que el abonado haya acordado libremente con el operador un plazo diferente y no se podrán devengar intereses de demora ni se exigirán garantías para el fraccionamiento y aplazamiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la eliminación de las limitaciones a los usuarios para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como portabilidad. Esta restricción se adoptó en una situación de carácter extraordinario y su objetivo era contribuir a hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, tanto del usuario como de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones.

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

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