Actualización del Programa de estabilidad 2020

La expansión del virus COVID-19 ha provocado un shock económico sin precedentes en la economía española, poniendo fin de manera abrupta a la senda de crecimiento iniciada en 2014

Después de seis años de crecimiento sostenido, a principios de 2020 la economía española había recuperado el terreno perdido durante la crisis financiera y su posición cíclica se encontraba cercana al equilibrio. Contrariamente a etapas anteriores, ésta se ha caracterizado por una composición equilibrada, apoyada en pilares sólidos de crecimiento, tanto por el lado de la demanda interna como de la demanda externa. Hasta febrero de 2020, todas las previsiones apuntaban a una moderación suave del crecimiento en los próximos años, aterrizando en su valor potencial o de largo plazo. Sin embargo, la llegada de un evento exógeno, repentino y no previsible, la pandemia de COVID–19, ha cambiado por completo el escenario, con implicaciones negativas sobre la actividad a través de canales de oferta, demanda (doméstica e internacional) y afectando gravemente a las expectativas de los agentes.

Las medidas de distanciamiento social o confinamiento adoptadas han tenido éxito en la contención del virus, pero han supuesto un impacto económico y social muy significativo

Ante la ausencia de medidas farmacológicas y la tensión a la que se vieron sometidos los sistemas sanitarios, la propagación del virus se ha contenido de forma efectiva mediante medidas de confinamiento o reducción de la movilidad, que han supuesto una hibernación de la actividad productiva, afectando a familias, autónomos, trabajadores y empresas. En el caso español, hasta mediados de marzo se mantuvo todavía un tono económico positivo salvo en algún sector como el turismo, directamente afectado por la caída de demanda internacional y el progresivo cierre de fronteras. El Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, aprobado el 14 de marzo, marcó un punto de inflexión, con un desplome de la movilidad, que supuso una caída súbita de la producción y el empleo, con impacto macroeconómico significativo. El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales reforzó esta tendencia, acentuando las caídas y la contracción de la demanda.

El impacto social y económico se ha visto mitigado, en gran parte, por las medidas de mantenimiento de renta para familias, trabajadores y autónomos, junto con los instrumentos de garantía de liquidez para las empresas y autónomos

La puesta en marcha de medidas de sostenimiento de la actividad económica ha conseguido frenar la destrucción de empleo y mantener los ingresos de los colectivos más afectados. Especialmente relevantes y oportunas son las medidas que han permitido proteger al 30% de la población ocupada, como la nueva regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo o las prestaciones para autónomos. Junto a otras medidas, como las líneas de crédito con avales del Estado, entre otras muchas que se detallan en el Programa Nacional de Reformas, estos nuevos instrumentos están permitiendo minimizar el impacto estructural del shock mientras se mantiene la hibernación de la actividad para la contención de los efectos de la crisis sanitaria. Estas medidas tendrán un impacto presupuestario significativo, que se suma al originado por los estabilizadores automáticos (mayor gasto por desempleo y menor recaudación impositiva).

Dada la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos y la reducción en la tensión de los sistemas sanitarios se están dando pasos hacia la desescalada de las medidas de confinamiento y restricción de la actividad

Un primer paso se dio el pasado 13 de abril, con la vuelta al estado de alarma original, permitiendo retomar la actividad de los sectores que se habían considerado no esenciales por el Real Decreto-Ley 10/2020, estableciendo nuevos hábitos de distanciamiento social e higiene y con nuevos protocolos de seguridad en los entornos de trabajo. El siguiente paso en la salida o transición de la crisis sanitaria y económica consiste en la aprobación por el Consejo de Ministros del martes 28 de abril de la Estrategia de Desescalada o reactivación de la economía (Plan para la Transición Hacia una Nueva Normalidad). La estrategia establece que la transición a la nueva normalidad se hará de forma gradual, en 4 fases, estará condicionada a la evolución de los indicadores epidemiológicos y será asimétrica, reconociendo la heterogeneidad de las distintas regiones en términos de la afectación del virus.

La actualización del Programa de Estabilidad 2020 del Reino de España presenta un escenario macroeconómico y fiscal para el bienio 2020-2021, basado en la última información disponible y ligado a los supuestos realizados respecto a la reactivación de la economía

En el contexto actual, resulta particularmente compleja la realización de previsiones y los principales organismos internacionales y analistas recalcan la dificultad para acotar la incertidumbre, planteando, muchas veces, escenarios contingentes a la evolución de la pandemia, más que previsiones. El Programa de Estabilidad presenta una previsión macro-presupuestaria para 2020 y 2021 apoyada en la última información económica y sanitaria disponible y consistente con el escenario epidemiológico que sirve de base al plan de desescalada o reactivación de la economía.

El escenario macroeconómico presentado, que ha sido avalado previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, supone un ejercicio realista y prudente, con un impacto muy elevado en el corto plazo y una vuelta a la normalidad progresiva (“V asimétrica”)

La previsión de crecimiento del PIB para 2020 y 2021 es de -9,2 y +6.8, respectivamente. Después de dos trimestres de fuerte corrección, se prevé que la actividad comienza a recuperarse en el segundo semestre, aunque con ciertas ramas, como el turismo, particularmente afectadas en la “nueva realidad” de mayor distanciamiento social y movilidad doméstica e internacional reducida.

En términos de empleo, las medidas de protección y flexibilización consiguen limitar la caída, con una mayor afectación de las horas trabajadas

La ocupación reflejará solo parcialmente la caída del PIB pues los trabajadores acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mantienen su carácter de ocupados. Sin embargo, la evolución de las horas trabajadas será básicamente paralela a la del PIB, por lo que se prevé una significativa caída de las horas trabajadas durante el primer semestre del año 2020 que se irá recuperando progresivamente a partir del tercer trimestre. Durante el año 2021 las horas trabajadas continuarán aumentando. De forma análoga, la tasa de desempleo aumentará durante la primera parte del año 2020, alcanzando el 19% en el conjunto del año y se irá reduciendo progresivamente a partir de la segunda parte del año 2020 hasta cifras cercanas al 17% en 2021.

El escenario macroeconómico presentado para 2020 y 2021, que plantea un perfil de desescalada estrechamente alineado con los hitos definidos en el Plan para la Transición Hacia la Nueva Normalidad, presenta una serie de riesgos, principalmente relacionados con las incertidumbres existentes sobre el desarrollo de la enfermedad

La previsión realizada es condicional al cumplimiento de los supuestos de contención epidemiológica subyacentes. Por lo tanto, está sujeta a una elevada incertidumbre, dependiendo de diversos factores no conocidos a priori; (i) el grado de inmunidad adquirido por la población, (ii) el efecto de factores exógenos como la temperatura sobre el virus, (iii) la implementación efectiva de los nuevos protocolos y normas de seguridad y distanciamiento y (iv) la importación de casos. El desarrollo de estos factores epidemiológicos marcará la dinámica en los próximos meses, determinando el impacto final del virus sobre nuestro tejido productivo y social. En el otro extremo, la aparición de medidas farmacológicas efectivas para combatir el virus, podría suponer un giro en los acontecimientos, que permitiera adelantar la vuelta a los niveles de actividad previos a la crisis.

En términos presupuestarios, la evolución del déficit para 2020 refleja la extensión del shock económico y la magnitud de las medidas de política fiscal desplegadas para proteger a la población

El esfuerzo fiscal sin precedentes que subyace a este escenario se traduce en una estimación de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 10,3% del PIB para 2020.