Borrador de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas

Unidad: Subsecretaría - ICAC

Plazo: hasta el 2 de noviembre

Resumen de la norma

Antecedentes:

El presente real decreto tiene por objeto dar cumplimiento a la previsión recogida en la disposición final octava de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, por la que se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad (hoy Ministro de Economía y Empresa), dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.

La citada Ley adaptó la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, en lo que no se ajusta a ella. Junto a dicha Directiva, se aprobó el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, si bien se incorporaron opciones a ejercer por los Estados miembros, que asimismo fueron concretadas en la referida Ley.

Con la Ley 22/2015, quedó derogado el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, a su vez desarrollado mediante el Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. Al haber quedado derogada la ley que servía de referencia al reglamento en vigor que es sustituido por el presente proyecto, es precisa su actualización.

Objetivos:

El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es dar cumplimiento a la habilitación reglamentaria establecida de forma que el reglamento que se elabore sea congruente con el nuevo marco legal, y permita su aplicación integra.

De esta forma, se ofrece a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría una mayor garantía y seguridad a la hora de interpretar y ejecutar las disposiciones de la Ley de Auditoría de Cuentas, lo que redundará asimismo, en una mejor ejecución y realización de los trabajos de auditoría, de manera que se alcance una calidad adecuada a la función de interés público que desempeña, así como del cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan de dicha normativa, y consecuentemente, en una mayor fiabilidad de la información que se audita.

En definitiva, con la nueva regulación se pretende proteger la función de interés público que desempeña la auditoría de cuentas, al afianzar su calidad.

Contenido:

Este Reglamento, sigue la misma sistemática y ordenación de materias que la contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas que desarrolla, con la salvedad de aquellos preceptos legales que no precisan de desarrollo reglamentario, y está estructurado en un título preliminar y cinco títulos que se dividen en capítulos y secciones.

El título preliminar incluye tres capítulos. El capítulo I «Objeto y ámbito de aplicación» delimita el objeto y el ámbito de aplicación del Reglamento, aclarándose la exclusión, con carácter general, del ámbito de aplicación de la ley de auditoría de cuentas de los trabajos de revisión que no tienen tal naturaleza, sin que se produzcan novedades relevantes en relación con el marco actualmente vigente. El capítulo II «Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas», regula la normativa reguladora de la auditoría de cuentas y la elaboración de las normas técnicas de auditoría, de ética y de control de calidad. En el capítulo III «Definiciones» se ha incluido el desarrollo de algunas definiciones contenidas en la Ley de Auditoría de Cuentas.

El título I «De la auditoría de cuentas» incluye dos capítulos. El capítulo I desarrolla las modalidades de auditoría de cuentas e incluye cinco secciones. La sección 1ª regula la auditoría de cuentas anuales. La sección 2ª regula la auditoría de otros estados financieros o documentos contables, sin modificaciones relevantes. La sección 3ª se refiere a la obligación de requerir información a la entidad auditada y la obligación de esta de suministrarla. La sección 4ª se refiere a la auditoría de las cuentas consolidadas. Por último, la sección 5ª se refiere a la auditoría conjunta. El capítulo II desarrolla el acceso a la actividad de auditoría de cuentas e incluye dos secciones. La sección 1ª está referida al Registro Oficial de Auditores de Cuentas. La sección 2ª regula los requisitos exigidos para obtener la autorización para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.

El título II «Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas» consta de seis capítulos. En el capítulo I «Formación continuada», se desarrolla la obligación de los auditores de cuentas de realizar actividades de formación continuada, cuyo fin es mantener el adecuado nivel de exigencia en relación con la actualización de sus conocimientos, dentro de un entorno financiero y mercantil en continuo cambio y progresivamente más complejo. En el capítulo II, «De independencia», que consta de cinco secciones, se regula el régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el ejercicio de esta actividad. El capítulo III, «Garantía financiera», con un único artículo no presenta cambios apreciables respecto a la regulación vigente. El capítulo IV trata de la «Organización interna». En la regulación que aquí se acomete se tiene muy en cuenta el cambio muy relevante incorporado en la Ley al exigir al auditor y sociedad de auditoría disponer de unos procedimientos administrativos y contables sólidos y eficaces, procedimientos eficaces de gestión de riesgos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas, mecanismos que aseguren el control de los sistemas informáticos, y un sistema de control interno. El capítulo V «Deberes de custodia y secreto», regula aspectos

concretos del deber de conservación y custodia en línea con lo establecido a este respecto en el reglamento. El capítulo VI del título II «De la auditoría de las entidades de interés público» contiene tres secciones. La sección 1ª «De los informes», se concretan determinados aspectos referentes a los informes adicionales a emitir por los auditores de entidades de interés público. En la sección 2ª «Independencia», se concretan determinados aspectos de las particularidades del régimen de independencia establecido para este tipo de auditores en la Ley. Y en la sección 3ª, «Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades de interés público», se desarrolla reglamentariamente la previsión contenida a estos efectos en el artículo 45 de la Ley.

El título III «Supervisión Pública», se estructura en dos capítulos, el capítulo I, «Función supervisora» se divide a la vez en cuatro secciones. En la sección 1ª se regula la composición de los órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En la sección 2ª «Facultades de supervisión», se definen las facultades de la supervisión, autorizando al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a solicitar información a cualquier persona relacionada con un trabajo de auditoría realizado. En la sección 3ª «Disposiciones comunes de las actuaciones de control», se definen las actuaciones de control, incluyéndose en estas no sólo a las investigaciones e inspecciones sino también a las actuaciones de comprobación. En las secciones 4ª y 5ª se regulan el objeto, alcance y finalización de las actuaciones de investigación y de inspección presentado como novedad, que estas actuaciones pudieran finalizar acordando la realización de actuaciones complementarias, o dependiendo de la evolución de estas actuaciones sin necesidad de su finalización o del resultado de las investigaciones los auditores objeto de la investigación puedan ser tenidos en cuenta para la selección de auditores objeto de inspecciones. El capítulo II, «Régimen de supervisión Pública» aplicable tanto a los auditores sociedades y demás entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea como de terceros países” regula el régimen de supervisión pública aplicable a estos auditores. En la primera sección «Actuaciones de control y dispensas», se delimita el campo de actuaciones de control en el caso de la prestación de servicios trasfronterizos en la Unión Europea. La sección 2ª regula la «Coordinación con autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea», y la sección 3ª regula la «Coordinación con autoridades competentes de terceros países», sin presentar prácticamente diferencias respecto al régimen anterior.

El título IV «Régimen de infracciones y sanciones» incluye cuatro secciones. La sección 1ª regula la normativa aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La sección 2ª regula el procedimiento sancionador. La sección 3ª regula el procedimiento abreviado. Y la sección 4ª regula las infracciones y sanciones.

El título V «De las Corporaciones de derecho público representativas de auditores» contiene el conjunto de requisitos que deben reunir estas corporaciones y las funciones que deben desempeñar.

Finalmente, las disposiciones adicionales primera a quinta del Reglamento incorporan casi literalmente aspectos ya contenidos en el Reglamento aprobado por Real Decreto 1517/2011,

de 31 de octubre, que se deroga, aunque se actualiza su contenido en aquellos aspectos en los que es preciso. Las disposiciones adicionales sexta y séptima dan continuidad a las labores que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas viene desarrollando en el establecimiento de criterios uniformes de interpretación de la normativa de información financiera aplicable y de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. La disposición adicional octava mantiene la exención de disponer de Comisión de Auditoría dirigida a las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, que ya fue incorporada mediante Real Decreto 877/ 2015, de 2 de octubre, para cuya actividad, por sus características propias, no se considera procedente el establecimiento de dicha institución.

La disposición adicional novena establece la obligación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de informar a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia cuando tuviera conocimiento de la existencia de cláusulas contractuales o estatutarias que pudieran restringir o limitar el nombramiento de auditor.

La disposición adicional décima recoge la colaboración entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de los Registros y del Notariado para la efectiva aplicación de lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, reconociendo en particular la necesidad de establecer los mecanismos para el acceso e intercambio de información entra ambas a estos efectos.

Mediante las seis disposiciones transitorias se pretende facilitar la aplicación de esta nueva regulación, especialmente en relación con los regímenes anteriores y con los nuevos requerimientos.

Por último, se incluye una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, en su mayoría por necesidades de técnica normativa reglamentaria y para establecer la entrada en vigor del Reglamento, considerando conveniente introducir un mayor plazo para facilitar el tránsito a los nuevos requisitos que se exigen en relación con la organización interna de los auditores y la estructura organizativa requerida a quienes auditan entidades de interés público, así como a lo establecido respecto a los requisitos de documentación de las auditorías de cuentas o estados financieros consolidados y determinados aspectos en relación con las Comisiones de Auditoría.

Normas derogadas:

Esta norma deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

Texto completo

Memoria de Análisis de Impacto Normativo

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico normas.técnicas@icac.mineco.es,  hasta el 2 de noviempbre de 2018, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

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