Medidas para autónomos

Aplazamiento bonificado en el pago impuestos

Todos los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias, los cuales se conceden sin necesidad de aportar garantías y mediante un procedimiento automatizado de resolución cuando sus deudas son iguales o inferiores a 30.000 euros. Esta medida beneficia sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.

A esta medida ordinaria se añade otra extraordinaria con la finalidad de evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar estos colectivos.

Se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a pymes y autónomos, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses.

 

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos afectados por la suspensión de actividades decretada por el estado de alarma o que vean reducida su facturación, al menos, un 75% en el mes anterior a la solicitud respecto a la facturación media del semestre anterior (o a igual periodo del ejercicio anterior en el caso de sectores con alta estacionalidad) podrán acceder a esta prestación económica extraordinaria a cargo de la Seguridad Social.

  • La cuantía la prestación será el 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día mes en el que finalice el estado de alarma.
  • En este periodo, el autónomo no tiene que pagar cotización a la Seguridad Social, contándosele dicho periodo como efectivamente cotizado.

Los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Los trámites relativos a las cotizaciones de la seguridad social de aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos se podrán hacer a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar, según Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, la prórroga de dicha prestación hasta el 30 de septiembre. El acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros

Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar a que termine el trimestre. Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier momento. Posteriormente se realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la posibilidad de renunciar a la prestación durante esos tres meses si ven recuperada su actividad.

Más información en Seguridad Social, guía práctica.

Adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos

Se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estos pagos, al estar calculados sobre signos, índices o módulos previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de los ingresos actuales de los autónomos.

Reducción pago fraccionado a pagar en IRPF e IVA descontando los días de estado de alarma en el primer trimestre de 2020

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas por las que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de aquéllas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

Medidas de flexibilización de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada (ERTEs) por causa de fuerza mayor

Con el objetivo de evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, se adoptan diversas medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y de mejora de la cobertura:

  • Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por fuerza mayor: se reduce de 7 a 5 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento y la solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasa a ser potestativa.
  • Se agiliza, asimismo, la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción: se reduce de 21 a 12 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento. Por otro lado, se incorporan modificaciones en el procedimiento de consultas con los trabajadores.
  • Para agilizar la tramitación de las prestaciones a las que se da derecho, la empresa podrá presentar una única solicitud por el conjunto de los trabajadores afectados, evitando así que haya que gestionar de una en una las solicitudes.

El RDL 15/2020 modifica la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para dar cabida a las actividades que hayan sido afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, aunque no fueran actividades que hayan sido sujetas a suspensión total por parte de las autoridades.

  • Podrán acogerse a los ERTEs de fuerza mayor las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo u otras normas, y las distintas Órdenes dictadas por las autoridades competentes, para aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial.

Más información en Ministerio de Trabajo y Economía Social, preguntas frecuentes sobre presentación de expedientes de regulación temporal de empleo por causa COVID-19.

 

Reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020

Se aprueba la extensión para el año 2020 de una reducción en la cotización durante la situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, para aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019.

Línea de Avales

Se aprueba una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

El Estado, a través del ICO, otorgará garantías por 100.000 millones de euros para facilitar la concesión de préstamos a empresas y autónomos que lo necesiten para cubrir su circulante, pago de facturas u otros conceptos, permitiendo así su funcionamiento y protegiendo la actividad y el empleo.

El 24 de marzo se liberó el primer tramo de esta línea, por importe de 20.000 millones de euros, articulando un sistema de garantías por el que el Estado cubre el 80% del riesgo en el caso de nuevos préstamos a pymes y autónomos; del 70% en el caso de renovaciones de préstamos a dichos colectivos; y del 60% en el caso de cualquier crédito al resto de empresas.

El 10 de abril se aprobó el segundo tramo por importe de 20.000 millones de euros destinados íntegramente a garantizar necesidades de liquidez de autónomos y pyme.

El Consejo de Ministros del pasado día 5 de mayo, aprobó el acuerdo por el que se activa el tercer tramo de la Línea de Avales para garantizar la liquidez de empresas y autónomos aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por un importe total de 100.000 millones de euros.

Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 20.000 millones para garantizar préstamos de autónomos, pymes y grandes empresas; 4.000 millones para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

El Consejo de Ministros del pasado día 19 de mayo aprobó el Acuerdo por el que se activa el cuarto tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos, adoptada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por importe de hasta 100.000 millones de euros.

El nuevo tramo de 20.000 millones de euros se destinará de forma íntegra a garantizar operaciones de pymes y autónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida a la Línea de Avales y desempeñar un papel esencial en el sostenimiento de la actividad económica y el empleo.

Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a disposición de empresas y autónomos 80.000 millones de euros para avalar la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA concede a las Sociedades de Garantía Recíproca.

El Consejo de Ministros del 16 de junio de 2020, acordó los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales, recogidos en la Resolución de 16 de junio, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este quinto tramo es una nueva línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El Consejo de Ministros del pasado 3 de julio, aprobó la creación de una nueva Línea de Avales, que será también canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de 40.000 millones de euros dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial.

La nueva línea se dirige a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

El Consejo de Ministros del pasado día 28 de julio, aprueba el Acuerdo que recoge las características del primer tramo de la nueva Línea de Avales para impulsar la inversión empresarial, por importe de 8.000 millones de euros, de los que 5.000 se destinarán a garantizar las inversiones de autónomos y pymes, y 3.000 del resto de empresas. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% para el resto de empresas.

Esta nueva Línea de Avales garantizará los préstamos para la realización de nuevas inversiones, así como los gastos relacionados con las mismas y con la mejora del proceso productivo. También podrá cubrir necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas o vencimiento de obligaciones financieras o tributarias, entre otras.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el encargado de tramitar la nueva línea, manteniéndose el modelo de colaboración público-privada con las entidades financieras.

El ICO difunde con carácter quincenal a través de su página web (https://www.ico.es/web/ico/linea-avales) datos de la evolución de esta línea de avales, con información por tamaño de empresa beneficiaria, sector de actividad y comunidad autónoma.

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, publicada el 20 de mayo en el Boletín Oficial del Estado.

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Preguntas y respuestas Línea de Avales

Ampliación de la financiación del ICO

Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento del ICO con el fin de que pueda aumentar las líneas existentes de financiación para autónomos y empresas.

Más información en ICO, catálogo sobre financiación y proyectos empresariales para autónomos, emprendedores y empresas.

Línea de financiación para atender a las empresas y autónomos del sector turístico y actividades conexas afectados por el COVID-19

Para atender las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico y actividades conexas, el 12 de marzo se amplió la línea de financiación del ICO creada para empresas y autónomos del sector turístico afectadas por la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook.

El importe de dicha línea se elevó hasta los 400 millones de euros y se extendió su aplicación a empresas de todo el territorio nacional (inicialmente estaba disponible para Canarias e Islas Baleares) y a más actividades económicas conexas al turismo, así como la capacidad de la misma para llegar a más empresas y autónomos afectados.

Se trata de una línea dentro de la Línea ICO Empresas y Emprendedores que cuenta con una garantía aportada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 50% del importe concedido a través de las entidades financieras.

Más información en ICO, Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de financiación a través de la Línea de Avales del ICO

Se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales del ICO.

Moratoria hipotecaria

Pueden solicitarla por un periodo de tres meses las personas físicas y autónomos en situación de vulnerabilidad que:

  • Estén pagando cuotas hipotecarias para la adquisición de su vivienda habitual.
  • Si es autónomo, esté pagando cuotas hipotecarias por el local en el que desarrolla su negocio.
  • Las personas que estén pagando cuotas hipotecarias para la adquisición de vivienda que se destine al alquiler y haya dejado de percibir renta del inquilino tras el estado de alarma.

La moratoria es una medida automática cuando la pide el deudor.

Para que una persona pueda acogerse a esta medida:

  • Solo es necesario enviar una solicitud al banco o entidad que concedió el crédito, acompañada de la documentación requerida por la norma.
  • La aplicación de la moratoria no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos.
  • Si el crédito estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión, una vez finalizada la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.

La moratoria puede solicitarse en cualquiera de las sucursales de las entidades financieras o a través de cualquier otro canal habilitado por el prestamista.

Es necesario aportar los documentos acreditativos de que la persona o el autónomo se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Si no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo por una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos que se lo impiden.

Finalizado el estado de alarma, dispondrá de un mes para la aportación de los documentos.

Más información en ‘Moratoria Deuda Hipotecaria’, preguntas y respuestas.

Moratoria deuda no hipotecaria

Los autónomos en situación de vulnerabilidad económica pueden solicitar una moratoria de los contratos que impliquen financiación sin garantía hipotecaria para su negocio (préstamos, créditos, leasing, factoring, etc.) que hayan sufrido una caída de las ventas de, al menos, un 40%.

La moratoria es una medida automática cuando la pide el deudor.

Para que una persona pueda acogerse a esta medida:

  • Solo es necesario enviar una solicitud al banco o entidad que concedió el crédito, acompañada de la documentación requerida por la norma.
  • La aplicación de la moratoria no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos.
  • Si el crédito estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión, una vez finalizada la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Es necesario aportar los documentos acreditativos de que la persona o el autónomo se encuentran en situación de vulnerabilidad.Finalizado el estado de alarma, dispondrá de un mes para la aportación de los documentos.
  • Si no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo por una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos que se lo impiden.
  • La moratoria puede solicitarse en cualquiera de las sucursales de las entidades financieras o a través de cualquier otro canal habilitado por el prestamista.

Más información en “Moratoria Deuda Hipotecaria”, preguntas y respuestas.

Moratoria de las cotizaciones sociales y del pago de deudas a la Seguridad Social para los autónomos

Los autónomos que se hayan visto afectados en su actividad por el COVID 19 podrán solicitar a la Seguridad Social la moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio durante seis meses sin intereses; así como el aplazamiento en el pago de sus deudas hasta el 30 de junio.

En las nuevas medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, según Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, se prorrogan las ayudas hasta el 30 de septiembre en relación con la exención en la cotización:

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo que viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional, del 100 por cien de las cotizaciones para el mes de julio, el 50 por cien para el mes de agosto, y el 25 por ciento para septiembre.

Más información en Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos.

 

Aplazamiento de pagos de préstamos concedidos por comunidades autónomas o entidades locales

Las empresas y trabajadores autónomos afectados por la crisis del COVID-19 que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros con una comunidad autónoma o entidad local podrán solicitar el aplazamiento extraordinario del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020.

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural para autónomos y empresas

Mientras esté en vigor el estado de alarma, autónomos y empresas podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro de electricidad y gas natural al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión o modificación de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación o nueva modificación. Dichas reactivaciones o las modificaciones se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor.

También pueden posponerse los pagos de estos suministros, otorgándose un plazo de devolución de las cantidades adeudadas de seis meses desde que se decrete la finalización del estado de alarma.

Más información en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, medidas ante el brote del coronavirus COVID-19.

Bono eléctrico

El RDL 11/2020 amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico a los autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Se prorroga de forma automática el plazo de vigencia del bono social eléctrico hasta junio de 2021, por Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Más información en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, medidas ante el brote del coronavirus COVID-19.

Agilización de trámites aduaneros

Se agilizan los trámites aduaneros en el sector industrial: para ello se permite que el titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acuerde que el despacho aduanero pueda ser realizado por cualquier órgano o funcionario del área.

Más información en Agencia Tributaria, nuevas medidas para responder al impacto social y económico del COVID-19 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo).

Ampliación de plazo

Se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos y otros procedimientos de la Agencia Tributaria.

Más información en Agencia Tributaria, aplazamiento de deudas.

Contratos públicos

Se regula la suspensión de contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuya ejecución se vea afectada por el COVID-19. En estos supuestos, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos por éste durante la suspensión.

Más información en Ministerio de Hacienda, plataforma de contratación del sector público.

Disponibilidad planes de pensiones

Podrá solicitarlo cualquier empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y autónomos que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se puede solicitar el reembolso a la entidad Gestora del Plan de Pensión, quedeberá efectuarse en siete días desde la presentación de los documentos acreditativos.

Los importes rescatados tendrán consideración de rendimientos del trabajo y por tanto se les aplicará el tipo impositivo correspondiente en el IRPF del autónomo.

Moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual

Pueden solicitarla Autónomos cuya unidad familiar en el mes no haya superado los siguientes umbrales de renta:

En Euros/mes anterior

Sin hijos

1 hijo

2 hijos

Con mayores
de 65 a cargo

Umbral de renta
Unidad familiar

1.611

1.772

1.933

1.772

Umbral de renta
unidad monoparental

1.611

1.853

2.094

1.853

Dependientes (>33%)

2.148

2.148

2.148

 

Se puede solicitar un acuerdo con la empresa o persona arrendataria de nuevas condiciones de la renta arrendaticia. Si no se logra un acuerdo, el arrendador deberá comunicar en siete días las opciones del siguiente apartado. En todo caso, se deberá demostrar la situación de vulnerabilidad económica con un certificado expedido por la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. Se acreditará el número de personas que habitan en la vivienda habitual con el libro de familia o certificado de empadronamiento.

Si no hay acuerdo las alternativas varían en función del tipo de arrendador:

  • Si el arrendador se trata de un gran tenedor existen dos alternativas:
    1. una reducción del 50% de la renta arrendaticia en el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
    2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el estado de alarma y las mensualidades siguientes, con un máximo de cuatro meses. Las rentas aplazadas sin intereses se fraccionarán durante los siguientes 3 años o en el plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
  • En otros casos, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de siete días laborables, posibles soluciones y si no se alcanza un acuerdo, el arrendatario podrá acceder al programa de ayudas transitorias de financiación aprobadas.

Más información en Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; preguntas frecuentes sobre transportes, movilidad y vivienda.

Aplazamiento pago alquiler locales comerciales

Podrán acceder a este aplazamiento los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:

  1. Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
  2. Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
  3. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

El cumplimiento de los requisitos establecidos se acreditará por el arrendatario ante el arrendador. En este sentido, la reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.

La renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocios se hará teniendo en cuenta:

Si los propietarios son grandes tenedores o empresas públicas:

  • La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.
  • La renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos

Los trabajadores autónomos que no ejercieron la opción de realizar la gestión de determinaciones prestaciones de la Seguridad Social a través de una Mutua colaborada podrán optar ahora por una Mutua al tiempo de solicitar el cese y así garantizar que la nueva entidad les pueda reconocer el derecho y facilitar su tramitación. Igualmente, podrán solicitar la prestación por incapacidad.

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