Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (V Directiva)

Unidad: Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional.

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

Antecedentes

Esta consulta  se presenta en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tiene por objeto recabar las opiniones y propuestas de las personas y entidades que potencialmente se pudieran ver afectadas por la modificación de la normativa citada, bien mediante aportaciones directas o a través de las asociaciones u organizaciones que representen los intereses de todo un colectivo.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula las obligaciones de los llamados sujetos obligados, esto es, las personas físicas y jurídicas a las que la norma impone determinadas obligaciones de cuidado y control respecto de sus clientes, de cara a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta norma fue modificada a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y terminaba de incorporar a nuestro ordenamiento interno los contenidos de la Directiva 849/2015 (IV Directiva), con plazo de transposición vencido desde junio de 2017

Respecto a la modificación que actualmente se propone y que tiene por objeto incorporar el contenido de la denominada V Directiva, es importante señalar que la vigente Ley ya incorpora la gran mayoría de las previsiones normativas contenidas en la misma. Sin embargo, resulta necesario llevar a cabo ciertas modificaciones orientadas a mejorar la disponibilidad de información para los órganos encargados de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como concretar la forma en la que se va a dar cumplimiento a las exigencias de los artículos 30 y 31 de la Directiva, relativos a las bases de datos de titulares reales. También son precisos algunos otros cambios en los sujetos obligados, particularmente en el ámbito de las monedas virtuales.

Problemas que se pretenden solucionar con la norma

Además de los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la mencionada normativa de la Unión Europea, es el momento de llevar a cabo una valoración sobre la potencial necesidad de mejoras adicionales en el texto, que redunden en una mayor efectividad de los mecanismos de prevención, con especial atención al desarrollo de las nuevas tecnologías y su potencial aplicabilidad a la función de cumplimiento.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La necesidad de aprobación de esta norma se deriva del compromiso de desarrollar en España el adecuado marco jurídico que dé plena aplicabilidad a la normativa de la Unión Europea y del necesario cumplimiento del calendario fijado por la V Directiva, cuyo plazo de transposición termina el 10 de enero de 2020. 

Además, aprovechando la modificación y los plazos que la norma europea determina, y con el fin garantizar la mayor estabilidad y seguridad jurídicas, es el momento adecuado de realizar otros cambios precisos en esta norma no derivados de los procesos de transposición de las normas europeas.

Objetivos de la norma

  • Revisión del contenido de datos declarables al fichero de titularidades financieras a las cajas de seguridad, tal y como establece la V Directiva.
  • Determinación de la estructura y funcionamiento de la base o registro de titulares reales, tanto en lo relativo a trust o figuras análogas administradas en España, como en lo que se refiere a personas jurídicas.
  • Regulación de nuevos sectores, como los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual a fiduciaria y proveedores de servicios de custodia de claves privadas.
  • Revisión y actualización de las normas en materia de protección de datos, de cara a armonizar el contenido de la norma con las nuevas disposiciones derivadas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
  • Revisión de los sistemas de identificación no presenciales y de firma electrónica, de acuerdo con la nueva regulación contenida en el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014  relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias

Gran parte de las modificaciones tienen su origen en la citada norma de la Unión Europea de obligado cumplimiento para España, o se derivan de la necesidad de adecuar la redacción de la normativa preventiva a la realidad regulatoria en otros ámbitos (protección de datos, firma electrónica), lo que determina una cierta limitación en cuanto a las opciones posibles a la hora de regular esta materia.

Sin embargo, hay determinados ámbitos donde existe la posibilidad de articular soluciones alternativas para la consecución de los fines previstos por la V Directiva, como son los siguientes:

  • Sistema y características del registro o base de datos de titulares reales, relativo a personas jurídicas. En particular, interesa conocer
    • las propuestas sobre la fórmula más adecuada para la creación de este instrumento.
    • Mecanismos para garantizar que la información disponible es adecuada y es veraz.
    • Sistemas y plazos de actualización de la información.
    • Condiciones de acceso a la información y situaciones que justificarían la denegación de acceso.
  • Sistema y características del registro o base de datos de titulares reales, relativo a trust y figuras asimiladas. En particular, interesa conocer
    • las propuestas sobre la fórmula más adecuada para la creación de este instrumento.
    • Mecanismos para garantizar que la información disponible es adecuada y es veraz
    • Sistemas y plazos de actualización de la información.
    • Condiciones de acceso a la información y determinación del interés legítimo para el acceso.  Y como complemento de ello ¿considera que se debería ir más allá de lo previsto en la Directiva y conceder acceso equiparable al previsto para las personas jurídicas?
  • Definición de potenciales nuevos sujetos obligados de la normativa preventiva, más allá del mínimo fijado por la Directiva que se transpone.
    • ¿Qué nuevos sujetos obligados considera necesario incluir en la normativa preventiva? En este punto, se deberá aportar una justificación razonada y exhaustiva de los motivos y criterios de riesgo que fundamental la inclusión de los nuevos sujetos.
  • Definición de los requisitos y características del registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual a real y de monedero de custodia de claves privadas.
    • ¿Qué sujetos deberían registrarse? ¿debe aplicarse el criterio de establecimiento o bastará la prestación de servicios a clientes residentes en España para que surja la obligación de registro?
    • ¿Deberían imponerse condiciones concretas para el acceso al registro? En caso afirmativo ¿cuáles?
  • Si bien la norma establece el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida de manera individual por los sujetos obligados, cabe que, en determinados supuestos, dichos sujetos puedan generar sistemas comunes para dar cumplimiento a ciertas obligaciones.
    • ¿Considera positivo que se clarifique la posibilidad de crear sistemas comunes para dar cumplimiento a las obligaciones de diligencia debida por parte de sujetos obligados que no pertenezcan al mismo grupo?
    • ¿Qué condiciones deberían tener estos sistemas?
    • ¿Considera que se pueden poner en marcha mecanismos adicionales que permitan una gestión conjunta de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo? En caso afirmativo, por favor describa qué otras funciones u obligaciones considera que sería positivo poder poner en común por los sujetos obligados.
  • El régimen actual regula la responsabilidad de los sujetos obligados por el incumplimiento de la obligación de examen de sus procedimientos internos por parte de un experto independiente.
    • ¿Considera que debería establecerse la responsabilidad del experto externo en caso de que el contenido de los informes de experto externo no cumplan con los contenidos y criterios previstos en la Ley? Y en caso afirmativo:
    • ¿En qué casos debería responder el experto externo?

Sin perjuicio de las cuestiones concretas planteadas, se podrán remitir cualesquiera otras sugerencias o comentarios respecto del resto de cuestiones sobre las que va a versar la modificación normativa, o cualesquiera otras mejoras o propuestas que se estimen relevantes.

Anexos

Ver anexo en el apartado “Documentos”

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico secretariaicmc@tesoro.mineco.es  hasta el 27 de noviembre de 2018, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.