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Directiva de Servicios

La aplicación en España de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) constituyó una oportunidad para reducir y eliminar trabas injustificadas o desproporcionadas al acceso y ejercicio de las actividades económicas. Así, se trataba de mejorar el marco regulatorio con el fin de generar ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para las empresas y ciudadanos.

En esta línea, el ejercicio de transposición de la Directiva supuso un reto importante para España, al exigir no sólo un sustancial esfuerzo de revisión de nuestro modelo de intervención económica, sino también de cooperación entre todas las Administraciones Públicas, así como con los colegios profesionales

El complejo ejercicio de transposición de la Directiva de Servicios finalizó formalmente el 28 de diciembre de 2009. Desde entonces los Estados miembros y la Comisión Europea han desarrollado diferentes líneas de actuación para evaluar los resultados de la directiva, identificar los problemas de aplicación y profundizar en el alcance y el potencial de la misma.

Por su parte, durante estos cuatro años España ha continuado con el enfoque ambicioso que se adoptó durante el proceso de transposición, tratando de profundizar en los principios de buena regulación, haciéndolos extensibles a todas las actividades económicas y procurando una interpretación estricta de los mismos. Es en esta línea en la que se encuadran algunos de los últimos desarrollos normativos, como es el caso del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales o la recientemente aprobada Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.

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