Luis de Guindos comparece ante la Comisión de Economía y Competitividad. Foto (2/4)
07 de February de 2012
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Muchas gracias señora Presidenta.
Señorías, comparezco hoy por vez primera ante la Comisión de Economía y Competitividad para presentar las principales líneas de actuación de mi Departamento. Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se acometerán algunas de las reformas más ambiciosas de esta legislatura, que servirán para recuperar la prosperidad y el bienestar que la sociedad española se merece.
Los ciudadanos nos han otorgado su confianza para que la economía española vuelva a situarse en la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Desde este Ministerio consideramos que nos encontramos frente a un desafío que no podemos dejar de atender para mejorar la situación de los más de cinco millones de desempleados.
El principal objetivo que nos hemos marcado es el desarrollo de un plan completo y coherente de reformas estructurales que tiene como objetivo esencial devolver la confianza en la economía española y la creación de empleo. Para ello, estas reformas estarán orientadas a dinamizar la economía, crear mercados más competitivos y eficientes, asegurar la financiación adecuada de las empresas y del sector público, crear un nuevo marco de relaciones laborales más eficiente e impulsar la competitividad global.
Todas estas líneas de Política Económica se encuadran dentro de los compromisos que hemos asumido en Europa, en el contexto de la Estrategia Europa 2020, el Semestre Europeo, el Pacto por el Euro plus y otras iniciativas que se están desarrollando para estimular el crecimiento, el empleo y la competitividad de nuestras economías.
Comenzaré analizando las perspectivas económicas a las que España se enfrenta en el año 2012 – que como bien saben sus señorías, no se trata de un escenario fácil- y que exigen las medidas que detallaré posteriormente.
En el contexto internacional, como sus señorías conocen, la economía mundial viene experimentando una ralentización de su crecimiento desde la segunda mitad del pasado ejercicio.
En la primera parte del año, aparecieron signos de recuperación motivados por la mejora y buenas señales de las economías avanzadas, fundamentalmente EEUU y Japón, por la estabilización de los precios del petróleo, y por el fuerte crecimiento de las economías emergentes.
Sin embargo, estas condiciones se deterioraron en la segunda parte del año como consecuencia de las dudas sobre la posibilidad de encontrar una solución definitiva a la crisis de la deuda soberana de la zona euro y sobre la solvencia del sector bancario europeo. También ha contribuido a la ralentización el necesario enfriamiento de las economías emergentes tras las tensiones inflacionistas que sufrieron en la primera parte del año.
Estos factores han hecho que según las estimaciones del FMI, el crecimiento de la economía mundial en 2011 se haya situado finalmente en el 3,8%, cinco décimas por debajo de la cifra que barajaba la institución en el mes de junio.
Este peor comportamiento ha afectado de forma generalizada a la práctica totalidad de las principales economías del mundo con la excepción de Estados Unidos, siendo la eurozona el área más afectada. El FMI estima que su crecimiento en el año 2011 ha sido del 1,6%, tres décimas por debajo del alcanzado en 2010. Los indicadores de otros países como China y Japón o de zonas como América Latina confirman también la ralentización de su crecimiento durante el cuarto trimestre del año 2011.
Para el año 2012, el FMI no ve signos de mejoría. Según este organismo, los riesgos de 2011 persisten. Así, su previsión de crecimiento de la economía mundial es de un 3,3%, siete décimas inferior al que estimó hace tres meses y cinco décimas por debajo del alcanzado en 2011. La ralentización afectará a todas las zonas, pero la más afectada, vuelve a ser la zona euro. El FMI pronostica una vuelta a la recesión, con un crecimiento negativo del PIB de -0,5%. Además de la previsión de crecimiento para España, que comentaré más adelante, es de destacar la previsión para las dos economías más grandes de la eurozona: un 0,3% para Alemania, frente al 3% de 2011 y un 0,2% estimado para Francia, frente al 1,6% del pasado año.
En lo que se refiere a la situación de la economía española, venimos experimentando, como todos ustedes saben, en los dos últimos trimestres tasas de crecimiento que confirman una nueva ralentización. Sin duda, la situación de la economía mundial ha influido en ello. Sin embargo, el impacto diferencial que ha sufrido nuestra economía hemos de explicarlo en nuestros propios desequilibrios y en que en los últimos años no se hayan acometido el conjunto de reformas estructurales vitales para corregirlos o que cuando se haya hecho, no haya sido con el impulso suficiente.
Según muestra el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística, la economía española retrocedió un 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Con ello, el crecimiento del año se ha situado en el 0,7%. Este crecimiento es seis décimas inferior a la previsión del anterior Gobierno situada en el 1,3%.
A pesar de la intensa destrucción de puestos de trabajo que venimos sufriendo durante los últimos cuatro años y medio, la última Encuesta de Población Activa reflejó una nueva aceleración del ritmo de la destrucción de empleo en el cuarto trimestre del año pasado. Ello confirma que las sucesivas reformas laborales que introdujo el Gobierno anterior han sido un fracaso, pues no han conseguido abordar los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, como han demostrado también los últimos datos de paro registrado y de afiliados a la seguridad social.
Las previsiones para el año 2012, como ya he comentado en anteriores intervenciones, apuntan a que se saldará el año con una tasa de crecimiento negativo. A ello ya han apuntado las previsiones del FMI, que pronostica un -1,7% y del Banco de España, -1,5%. Estas previsiones solo serían superadas, entre las principales economías desarolladas, por Italia, que decrecerá un 2,2% en 2012.
En este momento el Ministerio de Economía y Competitividad está elaborando sus propias previsiones, a la vez que estamos a la espera de que la Comisión Europea publique sus previsiones a mediados de febrero, que servirán como punto de partida para la elaboración del cuadro macroeconómico que sustentará los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Estas previsiones de crecimiento negativas deben ser un incentivo para implementar con determinación el plan de trabajo que ya hemos empezado a ejecutar y que continuará en los próximos meses. Dichas reformas son un factor esencial para devolver la confianza sobre nuestra economía y provocar una rápida mejora de las expectativas, tal y como se ha empezado a reflejar en las últimas emisiones de deuda pública realizadas por el Tesoro.
Por ello, el Ministerio de Economía y Competitividad está convencido de que el programa de reformas al que se ha comprometido el Gobierno debe ir dirigido a romper la tendencia negativa de nuestra economía a partir de la segunda mitad de este año.
Somos herederos, como ven, de una situación preocupante, pero una vez diagnosticado el problema, hemos empezado a actuar y adoptar las medidas y reformas necesarias.
Este Ministerio tiene la responsabilidad de definir, desarrollar y ejecutar las políticas de oferta, es decir, aquellas reformas estructurales orientadas a impulsar la competitividad, el crecimiento a medio y largo plazo, la creación de empleo duradero y de calidad, y la adecuada financiación de la economía en un marco de estabilidad macroeconómica.
Estas reformas constituyen, junto con la estabilidad presupuestaria, los pilares fundamentales de la política económica del Gobierno, dirigida por el Presidente del Gobierno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. En el marco de una Unión Monetaria, las reformas estructurales son todavía más importantes, y más aún ante la actual coyuntura económica y la consolidación fiscal que estamos emprendiendo.
Nuestro Gobierno tiene un claro compromiso con la estabilidad presupuestaria, ya que ésta es imprescindible para garantizar la estabilidad macroeconómica y para recuperar la credibilidad y la confianza en la economía española.
La reforma del artículo 135 de la Constitución española ha supuesto una mejora muy importante en el marco de actuación de las Administraciones Públicas, al establecer el principio de estabilidad presupuestaria al más alto nivel legislativo, anticipándonos con ello a las iniciativas europeas en este ámbito.
La aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, va a permitir cumplir con el mandato constitucional de que dicha norma esté aprobada antes del 30 de junio.
Sin duda una buena noticia ha sido la ratificación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de estos principios generales por parte de todas las CCAA.
A su vez, el Gobierno es consciente de las dificultades de financiación a las que se enfrentan la mayoría de las CCAA. Por eso, como todos recordarán, el pasado viernes 3 de febrero, informé en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de una línea de financiación directa a las CCAA por parte del ICO. Esta línea dotada con 10.000 millones de euros, ampliables a 15.000 millones, permitirá atender las obligaciones pendientes con proveedores y las asociadas al vencimiento de deuda financiera.
Además, les puede adelantar, que está previsto que la Comisión Delegada de esta semana apruebe otra Línea ICO, para atender el pago a proveedores, esta vez dirigida a los Ayuntamientos.
Como les iba diciendo, la estabilidad presupuestaria es imprescindible para recuperar la confianza pero puede tener efectos contractivos sobre la actividad a corto plazo. Por eso, el esfuerzo de consolidación fiscal debe acompañarse de reformas estructurales, y más aún en las actuales circunstancias.
Como ustedes saben, el Gobierno aprobó el pasado viernes el Real Decreto Ley sobre la reforma del sistema financiero, con lo que se pone en marcha un proceso de saneamiento de los balances de las entidades financieras valorado en cincuenta mil millones de euros. Esta cifra, que se exigirá de una sola vez, supone un esfuerzo de saneamiento muy sustancial, el mayor realizado a nivel europeo.
Con esta reforma se persiguen tres objetivos básicos:
Junto a ello, el Real Decreto Ley regula las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda financiera del FROB, distinguiendo entre las entidades que han recibido apoyo financiero y las entidades intervenidas. De esta manera, se da cumplimiento a la Directiva europea en la materia y a las conclusiones de los últimos Consejos Europeos, en consonancia también con las iniciativas adoptadas por otros países europeos.
El próximo jueves 16, tendré el honor de defender la convalidación de este Real Decreto en esta misma Cámara, para lo que espero poder contar con el voto favorable de sus señorías. La búsqueda de consenso en estas reformas es de vital importancia para mandar un mensaje de unidad a la sociedad española, a nuestros socios europeos y a los inversores en general, que al concedernos financiación, están contribuyendo a la sostenibilidad de nuestra economía.
Por ello, dentro del plan de trabajo de este Ministerio, estamos organizando visitas a las plazas financieras más importantes del mundo, en Europa, Asia y América, que realizaré de forma inminente. El objetivo es explicar a los principales inversores del mundo, el plan de reformas de este Gobierno y las nuevas líneas de la política económica que vamos a desarrollar.
Además de la Financiera, otra de las reformas prioritarias, será la laboral, cuyo principal objetivo es, lógicamente, la creación de empleo y el incremento de su productividad. En este momento, ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social, está compareciendo la Ministra de Empleo, Doña Fátima Báñez, quien sin duda va a dedicar todos sus esfuerzos, al igual que el resto del Gobierno, para lograr que la reforma laboral salga adelante con el mayor consenso posible, porque el reto al que nos enfrentamos es enorme.
A nadie se le escapa que el impacto diferencial de la crisis en España es la dramática situación del mercado de trabajo.
Es vital que en esta reforma consigamos acercar la firma de los convenios al nivel de las empresas y ligar con ello los incrementos salariales a las ganancias de productividad.
Durante el año 2011 los convenios firmados alcanzaron a algo más de 6 millones de trabajadores. El incremento medio de los salarios fue del 2,5%, un valor por encima de la inflación. Lo cierto es que esa media esconde dos realidades muy diferentes. Por una parte están los convenios verdaderamente nuevos, que afectaron a poco más de 1 millón de trabajadores. En ellos el incremento de los salarios fue del 1,6%, muy inferior a la media.
Por el contrario el resto de los convenios firmados, fueron revisiones de acuerdos plurianuales, que afectaron a unos 5 millones de trabajadores. En este caso, el incremento salarial fue del 2,7 %, cifra superior a la inflación y a la media.
Resulta vital cambiar esta situación que es un obstáculo para la creación de empleo, para la competitividad de nuestras empresas y por tanto de nuestra economía.
En definitiva, se trata de facilitar a las empresas la adopción de medidas de flexibilidad de las condiciones laborales y de reorganización interna que faciliten ajustes vías reordenación de recursos y no de despidos masivos.
Al mismo tiempo, habrá que reorientar las políticas de empleo para ir más allá de la mera protección y mejorar la empleabilidad y reducir la dualidad entre trabajadores temporales e indefinidos, mediante la simplificación de las fórmulas de contratación y el fomento de la contratación indefinida.
Se trata de evitar que el ajuste recaiga mayoritariamente en los trabajadores temporales, lo que explica que la tasa de paro juvenil se acerque al 50%.
El Acuerdo salarial al que se ha llegado con los interlocutores sociales para los próximos años es el mejor punto de partida para lograr una reforma con el mayor consenso posible.
Sin duda, las reformas estructurales no acaban aquí. Hay otras medidas en las que este Ministerio se involucrará de manera muy intensa y que promoverán la simplificación administrativa, fortalecerán la competitividad de nuestra economía y potenciarán la unidad del mercado nacional.
En relación a los organismos reguladores la Vicepresidenta, en su comparecencia del pasado día 24, anunciaba la creación de un grupo de trabajo interministerial, en el que está representado el Ministerio de Economía y Competitividad. Sobre la base de estos trabajos, se presentará al Consejo de Ministros, en muy breve plazo, una propuesta de reforma integral de estos organismos. El objetivo es clarificar competencias para evitar solapamientos y conflictos competenciales, reducir el número de organismos, simplificar su estructura y funcionamiento, manteniendo y aumentando la profesionalidad, neutralidad e independencia de sus miembros.
El apoyo a los emprendedores, tal y como ha reiterado el Presidente del Gobierno en numerosas ocasiones, será una prioridad de este Gobierno y de este Ministerio. Responsables del Departamento que dirijo, formarán parte de un grupo de trabajo interministerial que sacará adelante una Ley que abordará un abanico amplio de medidas para promover y financiar las nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de la actividad de pymes y autónomos.
El Ministro de Industria en su comparecencia del día 31 adelantaba algunas medidas: estímulos fiscales, agilización de trámites para la creación de PYMES, mecanismos de refuerzo en el acceso a la financiación a través de Enisa y Cersa e internacionalización a partir de la búsqueda de nuevos mercados.
Todo ello se complementará con nuevas fórmulas de financiación, como el “capital semilla”, los “business angels” y líneas preferentes de financiación.
Este plan de trabajo y las medidas que estamos adoptando están en plena consonancia con las iniciativas que se están desarrollando en la Unión Europeapara salvaguardar la estabilidad financiera, fortalecer la arquitectura de gobierno económico y avanzar en la convergencia de nuestras economías. Se trata de medidas que, en definitiva, se orientan a recuperar la confianza de los mercados y a mejorar las herramientas disponibles para evitar que vuelva a ocurrir una crisis similar en el futuro.
Dentro de estas iniciativas, permítanme detallarles, brevemente, el estado de los trabajos en los que vengo participando:
1.- En lo que se refiere a la mejora del gobierno económico en la Unión Europea, especialmente en el ámbito fiscal, se están desarrollando dos iniciativas:
Es importante destacar que a este Tratado se van a adherir los 17 Estados miembros de la zona euro y 8 Estados miembros no euro, esto es, todos los de la Unión Europea salvo Reino Unido y República Checa. España, lógicamente, ha apoyado este significativo avance en la integración fiscal y económica.
Con estas normas se reforzará significativamente el seguimiento y la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados miembros, creándose mecanismos de vigilancia adicionales para garantizar la corrección de los déficits excesivos. De esta forma, la Comisión podrá examinar los parámetros clave de la orientación presupuestaria de los proyectos de planes presupuestarios y en caso necesario adoptará un dictamen sobre tales planes. Además, podrá solicitar una revisión del proyecto de plan presupuestario si determina la existencia de incumplimientos particularmente graves del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Por otro lado, se someterá a una supervisión económica y fiscal reforzada a aquellos países que sufran tensiones financieras severas para solventar esta situación y proteger el resto de países del contagio.
2.- Entre las medidas para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro se pueden destacar:
3.- Entre las iniciativas para avanzar en la coordinación de nuestras políticas económicas, no sólo fiscales sino también de carácter estructural, se puede mencionar las siguientes:
Se trata, como ven ustedes, de prioridades plenamente consistentes con los objetivos y la orientación de la política económica de este gobierno.
En este momento en el Consejo ECOFIN y en otros Consejos sectoriales estamos trabajando sobre la base de este informe, con vistas a que el Consejo Europeo apruebe a principios de marzo las orientaciones horizontales que luego deberemos tener en cuenta todos los Estados miembros a la hora de preparar nuestros Programas de Estabilidad y Programas Nacionales de Reforma.
Me referiré a continuación a las líneas generales de la secretaría de Estado de Comercio.
En lo que se refiere al comercio interior, el sector de la distribución comercial es un sector fundamental para la economía española. El Valor Añadido Bruto (VAB) del comercio representó el 12,2% del VAB total de la economía española.
Es, además, un importante generador de empleo con 2.951.200 ocupados, según los datos de la EPA correspondientes al cuarto trimestre de 2011.
Este sector es uno de los más afectados por la crisis ya que ha registrado cuatro años consecutivos de caídas. Las ventas del comercio minorista han sido en 2011 un 17,4% inferiores a las del año 2007, máximo histórico de la serie.
Son sin duda datos alarmantes que requieren actuar de forma urgente.
Este sector se beneficiará lógicamente de las reformas estructurales emprendidas por este Gobierno. En particular, la reforma financiera porque ahora mismo los pequeños comerciantes no tienen acceso al crédito cuando más lo necesitan; la reforma laboral porque el pequeño comercio necesita flexibilidad laboral para adaptarse a la crisis; y las políticas de apoyo a las Pymes y emprendedores ya anunciadas, entre otras: la ayuda fiscal de los 3000€ por la contratación del primer trabajador, las bonificaciones por la contratación de empleados jóvenes y la modificación del régimen del IVA para que autónomos y Pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas.
El Ministerio de Economía y Competitividad quiere poner fin a la problemática que supone para el pequeño comercio el tener que esperar largas temporadas a la respuesta de la administración para poder abrir su negocio.
Para ello, vamos a promover una Ley que agilice la apertura de pequeños establecimientos comerciales. El Gobierno trabajará con las CCAA y con la Federación Española de Municipios para promover la supresión de las licencias de apertura y obra del pequeño comercio que hasta ahora han de obtenerse con carácter previo al inicio de la actividad comercial.
Esta Ley se promoverá desde el máximo respeto a las competencias municipales y autonómicas.
De hecho, el Ministerio, a través de la secretaría de Estado de Comercio, ha tenido frecuentes contactos con la Federación Española de Municipios y con los representantes de la mayoría de las CCAA. Hasta ahora todos han mostrado una gran disposición a colaborar en la consecución de esta Ley, por lo que confiamos poder hacer realidad lo antes posible la eliminación de las licencias previas.
Los pequeños comerciantes no tienen acceso al crédito en estos momentos que es cuando más lo necesitan. Por ello, además de la reforma financiera de carácter estructural, estamos trabajando en medidas de carácter sectorial:
Sin embargo, dentro de España la Unidad de Mercado se ve en ocasiones entorpecida como consecuencia del exceso de regulación y de la falta de uniformidad y claridad de la misma, que provoca un sobrecoste e incertidumbre a las empresas y desincentiva la inversión extranjera.
Impulsaremos la unidad de mercado para que cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica pueda ser ofertado libremente en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
Todo ello contribuirá a dar cumplimiento a la Directiva 123/2006/CE de Servicios que establece la existencia de una única licencia para la apertura de un establecimiento comercial.
En el área de Comercio Exterior, la internacionalización de la economía y de las empresas españolas es una prioridad del Gobierno ya que el sector exterior debe desempeñar un papel fundamental en la recuperación económica de España.
Además de las políticas diseñadas específicamente para apoyar la internacionalización de las empresas españolas, las reformas estructurales que se están acometiendo son fundamentales para asegurar el éxito del comercio y de las inversiones en el exterior.
La reforma laboral está diseñada para que el mercado de trabajo gane flexibilidad y las empresas ganen competitividad, la cual es clave para que las empresas tengan éxito en un mundo globalizado y altamente competitivo. Por otra parte, la reforma financiera es clave para que las empresas recuperen acceso al crédito necesario para llevar a cabo sus actividades internacionales.
Todavía destaca el bajo número de empresas que operan en los mercados exteriores. Alrededor de 109.500 empresas exportan y sólo 39.600 pueden considerarse exportadores regulares (han exportado durante al menos 4 ejercicios seguidos). También es significativa la elevada concentración de la exportación española en unas pocas empresas. Las 50 mayores empresas acapararon, en el periodo enero-octubre de 2011, el 33% de la exportación total.
Para conseguir este objetivo reorientaremos los programas de formación, promoción e información de la secretaría de Estado de Comercio y del ICEX de forma prioritaria hacia las Pymes.
También revisaremos los instrumentos de financiación exterior de los que dispone el Ministerio (FIEM, CESCE, COFIDES, FONPYME, CARI y la Línea ICOdirecto) y las optimizaremos al máximo para lograr facilitar el crédito a las Pymes que quieran emprender proyectos en el exterior.
Para conseguir este objetivo revisaremos y redefiniremos los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados, por los que se seleccionan mercados prioritarios y se diseñan actuaciones, impulsaremos los Acuerdos de Libre Comercio de la Unión Europea con países emergentes y socios estratégicos (EEUU, MERCOSUR, Mediterráneos, India, etc.). Además, tendremos este objetivo en cuenta en las líneas orientativas 2012 del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM).
Las razones para ello es que tan sólo el 6% de los bienes exportados en España es de intensidad tecnológica alta. Para ello, potenciaremos el binomio innovación-internacionalización, lo cual se verá enormemente facilitado al haberse integrado las secretarías de Estado de Comercio y de I+D+i en el Ministerio de Economía y Competitividad. Se están estudiando ya acciones conjuntas del ICEX y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Un ejemplo es el programa Innovex, para la exportación de bienes de alta tecnología.
Desde este Ministerio pondremos a disposición del grupo de trabajo que ha constituido el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre Marca España, las herramientas de las que disponemos, en especial, el ICEX. Entre otros, programas de Apoyo a Marcas Españolas; Planes de Marketing Macrosectoriales; Colaboración con la Asociación de Marcas Renombradas Españolas; Planes de imagen Made in/by Spain en mercados prioritarios (EEUU, Rusia).
Para ello, haremos efectiva la transformación del ICEX en Ente Público Empresarial, que le permitirá ser más ágil y flexible. En segundo lugar buscaremos complementariedades, sinergias y ahorro de costes, a través por ejemplo de la integración de INVEST IN SPAIN en el ICEX. Por último propondremos a las Comunidades Autónomas acciones integradas para evitar la confusión y las duplicidades en las acciones de apoyo a la internacionalización. Se convocará una reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII), en el que participan las CCAA, la CEOE y el Consejo Superior de Cámaras, en breve.
Las políticas estructurales y la mejora de la confianza internacional en España contribuirán a conseguir estos objetivos.
En el ámbito de la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, quiero destacar, en primer lugar, la relevancia que tiene el hecho de que sea haya integrado en este Ministerio la secretaría de Estado que tiene las competencias para que la ciencia, la creación de conocimiento y la innovación se pongan al servicio de la competitividad y de la generación de empleo.
El Sistema de ciencia, tecnología e innovación es la herramienta llamada a ser la clave para salir de la crisis. Su integración en este Ministerio garantiza que nuestros resultados científicos y nuestra capacidad de innovación se pongan al servicio del tejido productivo empresarial.
Para ello, en primer lugar, aumentaremos el valor social y económico de la I+D+i, potenciando una investigación dirigida a la resolución innovadora de los problemas a los que se enfrenta la sociedad, promoviendo la expansión del conocimiento. Crearemos redes y fortaleceremos la coordinación entre las instituciones de ciencia básica, las de innovación y los sectores productivos, para que todo lo que se realice en el campo de la innovación tenga un impacto real y no se pierdan esfuerzos. Formularemos una verdadera programación conjunta del gasto público en I+D de todos los actores del Sistema.
En segundo lugar, es imprescindible conseguir que el capital humano sea una pieza clave de la competitividad. Para lo cual, reforzaremos la carrera investigadora. Fomentaremos la penetración de los profesionales con cualificaciones científico-técnicas en el sector productivo, facilitando su movilidad. Y desarrollaremos políticas activas para apoyar que los científicos españoles investiguen en el exterior.
En tercer lugar, se reforzará la presencia de nuestros investigadores y empresas en los programas internacionales y relanzaremos la imagen de nuestro sistema de I+D+i. Aprovecharemos para ello los instrumentos de la Unión Europea e impulsaremos la investigación trasnacional, incluyendo la participación en grandes infraestructuras o programas multinacionales, que aporten al Sistema resultados científicos excelentes con rentabilidad social.
Para lograr estos objetivos, el Ministerio de Economía y Competitividad pondrá en marcha una serie de medidas. De ellas, una de las más importantes, es el desarrollo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue aprobada con un amplísimo consenso. Esta ley prevé la creación de la Agencia Estatal de Investigación, y la constitución de diferentes órganos de participación empresarial y de la Administración, a nivel Estatal y Autonómico que serán necesarios para aprobar los nuevos planes estatales de investigación científica y técnica y de innovación. Los Estatutos de la Agencia estarán disponibles antes del 2 de Junio, la fecha límite que establece la Ley.
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ganará en atractivo con contratos de hasta cinco años que tendrán por objeto la investigación orientada a la obtención de un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización.
Además, pondremos en marcha el contrato de investigador distinguido, para científicos de reconocido prestigio, con el objetivo de que realicen actividades de investigación o dirijan equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia.
Seguidamente a la convocatoria del subprograma Formación de Personal Investigador se va a aprobar en las próximas semanas las demás convocatorias de recursos humanos.
Nos comprometemos a que durante estos años se asiente el respeto por los principios de igualdad, mérito y capacidad en los criterios de selección del personal investigador. También, a promover la movilidad geográfica e interinstitucional de los investigadores. Y, lo que es aún más importante, a mejorar la carrera investigadora, para que España se convierta en un destino preferente, como lugar de trabajo, para los investigadores españoles y los de todo el mundo. Apoyaremos la creación de las Comunidades de científicos españoles en el extranjero promovidas por las Oficinas de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajadas de España.
Deseamos que la ciencia española comience a formar parte de la imagen internacional de España. Nuestra participación en los Programas Europeos de I+D+i y nuestra contribución en la construcción del Espacio Europeo de Investigación serán una parte muy importante.
Este año 2012 será importante también para posicionarnos adecuadamente en el siguiente programa, HORIZONTE 2020, para el que la Comisión propone un presupuesto de 80.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 45% respecto a los programas actuales. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar.
Además de estas medidas centradas en la UE impulsaremos la colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y el ICEX, como ya he comentado, para favorecer la internacionalización y la competitividad de nuestro sistema de I+D+i, así como para profundizar en relaciones de éxito como por ejemplo las que han dado lugar a la reciente adjudicación de importante contratos a consorcios españoles, como el de la línea de alta velocidad Medina-La Meca o el túnel bajo el Bósforo, y establecer nuevas relaciones económicas y comerciales en sectores de alto valor añadido. Esto contribuirá a la exportación de bienes y servicios de alta contenido tecnológico.
Por último, mejoraremos la participación privada en la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El capital riesgo jugará un papel muy importante. Existen en este momento programas para la promoción de la creación y desarrollo de Pymes tecnológicas e innovadoras con alto potencial de crecimiento económico mediante actuaciones en capital riesgo.
Trabajaremos en la aprobación del Estatuto de la joven empresa innovadora, que tendrá que estar listo antes del 3 de diciembre de 2012, según la Ley de la Ciencia. Este Departamento trabajará en la posibilidad de aplicarles un tratamiento fiscal más favorable así como en sus cotizaciones a la SS por personal investigador y apoyo a través de la ley de mecenazgo.
Orientaremos la excelencia hacia la innovación empresarial, poniendo en valor las actividades de desarrollo tecnológico y de generación de patentes junto con la publicación de resultados científicos en la evaluación de los investigadores.
Actualizaremos la estructura de incentivos fiscales que potencien la inversión en I+D empresarial, con atención preferente a las empresas emergentes, las pymes innovadoras y los sectores prioritarios como salud, energía y transporte, conforme a las mejores prácticas europeas.
En definitiva, señorías, llevamos cuatro años de crisis y no ha habido ninguna otra economía tan castigada en el mercado de trabajo como la española, ni siquiera los países que han sido rescatados. Todo ello, ha sido consecuencia de la crisis financiera internacional pero, sobre todo, de nuestros desequilibrios macroeconómicos específicos.
No duden ustedes de que la política económica de este Gobierno está dirigida a corregir estos desequilibrios y a conseguir que la financiación, la competitividad y el equilibrio presupuestario vuelvan a ser una realidad, con el objetivo único e ineludible de crear empleo
Sabemos lo que hay que hacer, tenemos un plan claro y definido, y la determinación para llevarlo a cabo. Estamos convencidos de que si ejecutamos las medidas adecuadas España volverá a la senda del crecimiento y a tasas de empleo similares a las del resto de nuestros socios europeos. Ésta es la principal preocupación y empeño de este Gobierno y pueden estar seguros de que lo conseguiremos.
Señorías, este objetivo es un reto de todos. Por ello me pongo a su disposición para venir a esta Comisión las veces que sean necesarias para explicar las medidas emprendidas desde el Ministerio que dirijo. Cuento, por tanto, con las aportaciones y la colaboración de todos los grupos parlamentarios aquí presentes.
Muchas gracias.