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Fondo Social Vivienda

Fondo Social Vivienda

12 de marzo de 2015

El Fondo Social de Viviendas recibe 3.507 solicitudes hasta final de 2014

  • Las peticiones aumentaron un 42% el pasado año por la ampliación del colectivo beneficiado y las mejoras de gestión
  • Cerca de 2.000 familias ya tiene  asignada una vivienda y 1.767 han firmado los contratos

El Fondo Social de Vivienda (FSV) ha recibido 3.507 solicitudes desde su constitución en 2013 hasta el cierre de 2014, con un incremento el pasado año del 42%. Este aumento responde a que un mayor número de familias se pueden acoger al FSV  tras las sucesivas ampliaciones de los requisitos. También se han registrado mejoras de gestión y un mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios; es decir, los más afectados por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.891 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución (17 de enero pasado) pero el Gobierno lo ha prorrogado un año más, hasta enero de 2016. Se constituyó por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

El FSV es una de las medidas, junto con el Código de Buenas Prácticas (CBP) y la moratoria de desahucios, que el Gobierno ha puesto en marcha y de las que en conjunto se han beneficiado más de 31.000 familias. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó flexibilizar más los requisitos de acceso al CBP para ampliar el colectivo de beneficiarios y prorrogar hasta mayo de 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de estos colectivos.

Los datos del Fondo reflejan que en 2014 se recibieron 2.061 solicitudes, un 42% por encima de las 1.446 registradas en 2013. En conjunto, las peticiones suman 3.507, de las que 2.230 han sido aceptadas; 1.003, rechazadas y 274 están pendientes de examinar. Tienen ya vivienda asignada 1.969 solicitudes y se han realizado 1.767 contratos (465 en 2013 y 1.302 en 2014, un 280% más).

El aumento del número de peticiones y de contratos en 2014 sobre 2013 responde a la flexibilización de los requisitos para poder acceder a una de estas casas y a la ampliación de los colectivos susceptibles de acogerse. También obedece a las mejoras de gestión y al mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por  una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos. En concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).  

Además, deben cumplir con otros requisitos, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones;  las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos (esta circunstancia no estaba recogida) y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales. Con esta ampliación de requisitos se incluye prácticamente a todos los colectivos con necesidades especiales derivadas de la crisis.

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