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14 de marzo de 2018

Ventajas para la pyme de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Más oportunidades, mayor transparencia y menos cargas administrativas, son algunas de las ventajas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que pueden aprovechar las pymes. Dada la importancia de estas empresas en el tejido económico español y del peso de la contratación pública en el PIB (15,5%), la Secretaría General de Industria y Pyme considera que estas modificaciones servirán para fomentar su participación y también para mejorar la competitividad de las ofertas.

La Ley establece entre sus fines que se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.

Una de las medidas más destacadas a favor de la pyme es la nueva regulación de la división en lotes de los contratos, que favorece que las Administraciones hagan particiones de menor cuantía, que son más manejables para empresas de menor tamaño.

Se elimina a partir de determinados umbrales económicos para los contratos de obras y no exigencia para los contratos de servicios, la necesidad de clasificación administrativa de las empresas, para facilitar su participación en la licitación pública.

Transparencia

Además, se fomenta la transparencia en los contratos al suprimirse el supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Anteriormente, las pymes encontraban dificultades a la hora de acceder a estos procedimientos pues solían tener cuantías bajas y se accedía mediante invitación.

Simplificación administrativa

En cuanto a la reducción de las cargas administrativas y el uso de medios electrónicos,  se extiende la utilización de la declaración responsable, además de  explicitar que las herramientas y dispositivos que deben utilizarse para la comunicación por medios electrónicos así como sus características técnicas, serán no discriminatorias, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general, y no restringirán el acceso de los operadores económicos al procedimiento de contratación.

A esto se añade un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de obras por debajo de dos millones de euros o para contratos de suministros o de servicios hasta los 100.000 euros. Debido a que los plazos han de ser muy cortos, no podrá haber criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no podrá superar el 25 por ciento del total (que pasa a ser de un 45 por ciento en el caso de que el objeto del contrato se refiera a prestaciones de carácter intelectual o de servicios de ingeniería o arquitectura).

El objetivo es que el contrato esté adjudicado en un plazo muy rápido. Sus trámites se simplifican, así, el anuncio de licitación únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante; no procederá constitución de garantía provisional; se presentará la documentación en un solo sobre (salvo que haya criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor); no se exigirá la constitución de garantía provisional y resultará obligatoria la inscripción en el Registro de Licitadores, entre otros…

Pagos a subcontratistas

Por primera vez, se incluye la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, a lo que hay que sumar la imposibilidad de renuncia de los derechos de los subcontratistas, frente a la posición dominante que ostenta normalmente el adjudicatario principal y la posibilidad de la comprobación de los pagos del contratista a los subcontratistas (en algunos contratos se hace obligatorio).

El cumplimiento de la obligación de pago al subcontratista se incorpora como condición especial de ejecución para ciertos contratos y se puede incorporar como medio adicional a los criterios de solvencia el respeto al período medio de pago a proveedores que fije una orden ministerial.

Plataforma de Contratación del Sector Público

Otros aspectos interesantes son los relativos a la solvencia del empresario, la eliminación de los límites porcentuales a la subcontratación, la transparencia mediante la publicación de todas las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la inclusión en toda contratación pública de manera transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.

Finalmente, subrayar que la PYME juega un papel fundamental en la economía española como ya hemos mencionado en incontables ocasiones y que su desarrollo implica la mejora de la economía generando riqueza y prosperidad a la sociedad, objetivo de toda política económica. No cabe duda, que la contratación pública es un instrumento estratégico de la política económica, que bien utilizada, va a reportar beneficios tanto a la Administración pública como a los operadores económicos.

 

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