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09 de septiembre de 2014

El FSV recibe 1.067 solicitudes más en el segundo trimestre tras ampliarse el ámbito de aplicación

  • Las viviendas adjudicadas ascienden a 446 y los contratos firmados a 412, muy cerca de la cifra de todo 2013
  • Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios han beneficiado a 20.000 familias
  • Tanto el fondo de viviendas en alquiler como la moratoria para los desahucios podrían prorrogarse

El Fondo Social de Viviendas (FSV) recibió 1.067 solicitudes durante el segundo trimestre de 2014, cifra aún preliminar que supone un avance importante desde su puesta en marcha, en enero de 2013. La ampliación de los requisitos para el acceso a una de las 6.000 viviendas con alquiler reducido que 33 entidades financieras han aportado al FSV, se ha traducido en un aumento de las solicitudes. Estas mejoras abarcan a prácticamente todos los colectivos con necesidades especiales derivadas de la crisis, atendiendo sobre todo a las circunstancias familiares. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado en el Senado que el Gobierno estudia una prórroga tanto del FSV como de la moratoria para los desahucios.

La cifra de solicitudes en el segundo trimestre del año (1.067) se ha traducido en 446 viviendas adjudicadas y 412 contratos firmados. Durante todo el primer año de puesta en marcha del FSV se recibieron 1.537 solicitudes, se adjudicaron 780 y se firmaron 481 contratos. El importante avance entre los meses de abril y junio de este año responde a que se han flexibilizado los requisitos de acceso a este tipo de viviendas de alquiler a precio reducido (entre 150 y 400 euros al mes). El FSV se constituyó tras la firma de un convenio entre los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, las principales entidades de crédito, la Federación de Municipios y la Plataforma del Tercer Sector en enero de 2013. Vence en enero de 2015 y podría prorrogarse de acuerdo con lo anunciado por De Guindos.

Los requisitos iniciales establecieron que las familias desalojadas a partir del 1 de enero de 2008 podrían tener acceso a las viviendas del FSV, siempre que sus ingresos fueran inferiores al triple del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 532,5 euros al mes en la actualidad), cuya cuota hipotecaria superase el 50% de sus ingresos y que en los cuatro años anteriores hubieran visto alteradas significativamente sus circunstancias económicas, además de personas afectadas por la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.

En mayo de este año, la Comisión de Seguimiento y Coordinación del FSV amplió los requisitos con el fin de dar cabida a más personas y familias en dificultades. En concreto, se decidió dar entrada a:

a) Unidades familiares con hijos menores de edad (18 años). Hasta entonces se exigía que los menores no tuvieran más de tres años.

b) Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía. El requisito hasta entonces era una discapacidad del 33% o superior.

c) Personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos. Esta circunstancia es nueva.

d) Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores, previo informe de los Servicios Sociales, lo que amplió el acceso al FSV a  muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.

Según lo anunciado hoy por el ministro de De Guindos en el Senado, a estas mejoras se añadirá una posible prórroga en la moratoria para los desahucios que se produzcan a partir de mayo de 2015, que es cuando vence la paralización actual. Hasta la fecha, la moratoria en vigor ha permitido la suspensión de más de 10.000 lanzamientos. Además, unas 1.400 familias han accedido a un alquiler reducido del FSV y el Código de Buenas Prácticas ha permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago. En total, unas 20.000 familias se han beneficiado del conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno durante la Legislatura para paliar el problema de los desahucios.

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