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03 de marzo de 2020

El Gobierno adopta un anteproyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas y su acceso a la financiación

  • El anteproyecto de ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas recoge medidas que facilitarán el acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales y contribuirán a su sostenibilidad y a su capacidad de crear empleo
  • La norma establece que las empresas puedan conocer la identidad de sus inversores, regula por primera vez la figura de los asesores de voto y adapta la norma española al entorno internacional permitiendo las “acciones de lealtad”

El Consejo de Ministros ha validado el anteproyecto de ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La norma transpone la Directiva 828/2017, dirigida a mejorar el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y de esa forma aumentar sus posibilidades de financiación y su sostenibilidad a largo plazo.

La nueva norma permitirá que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, puedan crecer de manera más sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la economía.

Para ello, el anteproyecto de ley mejora el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España, aumenta la competitividad del mercado español de capitales manteniendo la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea.

Así, con el fin de mejorar el gobierno corporativo y para que las sociedades puedan fomentar la participación a largo plazo de sus accionistas se establecen mecanismos para su identificación. Asimismo, se obliga a las instituciones de inversión colectiva a elaborar y hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades en las que invierten, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

En el mismo sentido, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto o “proxy advisors”, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos. Se incrementa también la transparencia de las operaciones vinculadas con el fin de evitar posibles conflictos de interés.

El anteproyecto incluye otras modificaciones legislativas adicionales a lo establecido en la Directiva y que tienen como objetivo mejorar el acceso a la financiación. Entre estas medidas destaca la introducción de las acciones de lealtad, que establece que los accionistas puedan otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Las acciones de lealtad refuerzan la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma.

Se suprime también, en línea con lo establecido en otros países de la Unión Europea, la exigencia de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, ya que esta obligación podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones.

Finalmente, se adapta a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, manteniéndose algunas excepciones dirigidas a proteger a los inversores.