Ministerio de Economía y Empresa - Gobierno de España

26.62 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. Castilla y León

Fecha
19/07/2016
Artículo
26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes.
Sector CNAE
P- Educación
Principio LGUM
  • Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5)
  • Requisitos prohibidos (art.18)
  • No discriminación (art. 3)

Resumen

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación contra la Resolución de 2 de junio de 2016 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Joven, para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas a trabajadores jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, prioritariamente desempleados, para los años 2016 y 2017.

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a los beneficiarios de las subvenciones a ser titulares de algún centro de formación que se encuentre inscrito y, en su caso, acreditado, en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. Asimismo, se presenta reclamación contra dos criterios de valoración que recoge la convocatoria: valoración de las acciones formativas por centro de formación, no por entidad solicitante y valoración de la experiencia previa en gestión de acciones de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León en los últimos 5 años.

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que:

  • El requisito de que los solicitantes sean titulares de algún centro de formación que se encuentre inscrito y, en su caso, acreditado en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, resulta contrario al principio de no discriminación de los artículos 3 y 18 de la Ley  20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
  • Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por ejemplo, a la permanencia de actividad económica en un determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
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