Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Gobierno de España

26.65 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. Castilla y León

Fecha
28/07/2016
Artículo
26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes.
Sector CNAE
P- Educación
Principio LGUM
  • Requisitos prohibidos (art.18)
  • No discriminación (art. 3)
  • Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5)

Resumen

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación contra la Resolución de 10 de junio de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2016 y 2017.

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades beneficiarias de las subvenciones a estar inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. Asimismo, se presenta reclamación contra dos criterios de valoración que recoge la convocatoria: por un lado, se valoran tanto acciones en la modalidad presencial como en la modalidad de teleformación, siempre que el plan alcance una dimensión mínima de dos provincias computando únicamente las acciones impartidas en la modalidad presencial a los efectos de determinar dicha dimensión territorial. Por otro, en cuanto a los recursos humanos, se valora la implantación territorial de la entidad.

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que:

- El requisito de acreditación o inscripción de la entidad en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

 - Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por ejemplo, a la permanencia y generación de actividad económica en un determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios a los artículos 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.

COMPARTE ESTE CONTENIDO

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Síguenos en ...

©2018 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad