Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Gobierno de España

26.126 EDUCACIÓN. Centros Formación Empleo - Galicia

Fecha
08/05/2017
Artículo
26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes.
Sector CNAE
P- Educación
Principio LGUM
  • Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5)
  • Requisitos prohibidos (art.18)
  • No discriminación (art. 3)

Resumen

Se ha presentado en esta Secretaría General de Unidad de Mercado reclamación contra la “Orden de 7 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadora desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018”.

En concreto se reclama contra el artículo 6 punto 4 apartado 7º de la Orden, que establece unos criterios de valoración relacionados con la participación en convocatorias anteriores organizadas o promovidas por la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, y el apartado 8º, en el que entiende la reclamante que la valoración se vincula a la instalación y no a la entidad solicitante. Finalmente se reclama contra el artículo 2 y el artículo 13 de la citada Orden, que establecen una reserva de crédito para las entidades de determinada naturaleza y un porcentaje del 35% de los costes subvencionables destinado a los docentes, respectivamente.

Esta Secretaría considera que los criterios de valoración de los centros y entidades solicitantes de ayudas públicas para impartir formación para el empleo que impliquen discriminación por razón del lugar de residencia o domicilio social de las entidades concurrentes, son contrarios a los artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM. De modo que, en la medida en que el criterio de participación en anteriores convocatorias de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia pudiese suponer una restricción o discriminación por razón del lugar de residencia o domicilio social de las entidades concurrentes, éste sería contrario a los principios de la LGUM.

Por lo que respecta a la reserva de crédito en función de la naturaleza de las entidades solicitantes, en la medida que ésta suponga una reserva de actividad en favor de determinadas entidades y no exista una razón imperiosa de interés general que la soporte, tal disposición estaría infringiendo el principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. Por último, la exigencia de que al menos el 35% de los costes subvencionables se reserve a docencia, debe ajustarse igualmente al criterio de necesidad y proporcionalidad establecido en el referido artículo 5.

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