Ministerio de Economía y Empresa - Gobierno de España

26.14 CONTRATACIÓN PÚBLICA. Cursos reeducación vial

Fecha
15/01/2015
Artículo
26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes.
Sector CNAE
P- Educación
Principio LGUM
  • Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 5 y 17)

Resumen

Una empresa de enseñanza de conductores reclama el anuncio, pliegos y licitación de la contratación de la “concesión de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de crédito de permiso de conducción”, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 25 de noviembre de 2014. En concreto, el interesado cuestiona tanto la propia naturaleza jurídica del contrato, por tratarse de una concesión administrativa, como el contenido de los Pliegos de contratación.

Con respecto al régimen de concesión administrativa, se pone de manifiesto que dicho régimen se encuentra amparado en normas con rango de Ley. No obstante, se recuerda que esta Secretaría ya se ha pronunciado anteriormente sobre este mecanismo de acceso de los operadores económicos manifestando la necesidad de que sea revisado para determinar si respeta los principios de necesidad y proporcionalidad que proclama el artículo 5  de la LGUM, así como la necesidad de concretar dicha voluntad por parte del Ministerio del Interior de realizar ese ejercicio en un plazo ajustado en el tiempo.

En relación con la necesidad y proporcionalidad de las cláusulas de los pliegos de la licitación reclamada, esta Secretaría considera lo siguiente:

El agotamiento de la prórroga de la concesión hasta el límite máximo de 6 años sería desproporcionado si el análisis del modelo lleva a la conclusión de que sería óptimo el establecimiento de un nuevo marco jurídico diferente a la concesión.

La valoración de la proporcionalidad de la distribución geográfica y del número de lotes solo podrá realizarse de forma definitiva y efectiva por razones como, por ejemplo, el potencial de incremento de la competencia generada por dicha distribución.

Se recuerda al Ministerio del Interior, y en concreto al órgano adjudicador, la necesidad de ser especialmente vigilantes respecto a las conductas del adjudicatario en materia de competencia y derechos de los consumidores

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