Ministerio de Economía y Empresa - Gobierno de España

26.69 EDUCACIÓN - Centros Formación de Empleo - Cataluña

Fecha
24/08/2016
Artículo
26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes.
Sector CNAE
P- Educación
Principio LGUM
  • Eficacia nacional (art. 6 y 20)
  • Requisitos prohibidos (art.18)

Resumen

Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado reclamación contra la “Resolución TSF/1642/2016, de 1 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta”, correspondiente al Servicio Público de Empleo de Cataluña. 

En concreto, se reclaman los preceptos en los que se establece como requisito a las empresas formadoras, que el centro o entidad esté inscrito en el Registro de centros o entidades de formación del Servicio de Empleo de Cataluña; y a las empresas beneficiarias, que dispongan de establecimiento operativo, sucursal o delegación en Cataluña. 

El requisito de inscripción o acreditación en el Registro de centros y entidades de formación del Servicio de Empleo de Cataluña, exigido a las entidades formadoras externas que sean contratadas por los beneficiarios de la convocatoria, o a las propias empresas beneficiarias en el caso de que impartan ellas mismas la formación, resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Las acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez nacional, por lo que no cabe solicitar un registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la obtención de ventajas económicas. 

El requisito por el que se establece que obtendrán la condición de beneficiarias de las subvenciones, las empresas que tengan establecimiento operativo en la Comunidad Autónoma de Cataluña se acompaña de una segunda condición (el compromiso de las empresas beneficiarias de contratar el 60% de los alumnos). Por tanto, la condición contiene una conexión territorial que no deriva de un mero requisito de establecimiento, domicilio fiscal o instalación física, sino que estaría vinculada con una política de fomento de la actividad económica y del empleo en el territorio, por lo que no entraría dentro de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la LGUM y podría considerarse compatible con dicha norma.

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