Consulta Pública previa sobre proyecto de RD por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

Unidad: Dirección General de Política Económica

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta consulta pública pretende recabar opiniones acerca de:

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los interesados pueden realizar observaciones y comentarios en relación con todas las cuestiones que consideren relevantes.

Antecedentes

La Directiva 2018/958, del Parlamento y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, es consecuencia de la constatación, por parte de la Comisión, de la falta de claridad y homogeneidad en los criterios que los Estados miembros deben utilizar para evaluar la proporcionalidad de los requisitos que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio.

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece la obligación de los Estados miembros de evaluar la proporcionalidad de los requisitos que limitan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio y de comunicar a la Comisión los resultados de esa evaluación. Dicho proceso de evaluación reveló una falta de claridad con respecto a los criterios que los Estados miembros debían utilizar para evaluar la proporcionalidad de los requisitos que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, así como un examen desigual de dichos requisitos en todos los niveles de regulación.

Ante esta situación la Comisión consideró que era necesario adoptar un marco analítico común, que pudieran aplicar por igual todos los Estados miembros, a los requisitos que limiten el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, en el momento de adoptar nuevas regulaciones profesionales o de modificar las existentes.

Problemas que se pretenden solucionar con la norma

El Real Decreto proyectado trata de evitar la adopción de normas que introduzcan requisitos injustificados o desproporcionados en la regulación de las profesiones, garantizando una mejor regulación de las mismas en beneficio del interés general. De esta forma también se evita la fragmentación del mercado interior y se eliminan barreras al acceso a determinadas actividades por cuenta propia o ajena, y a su ejercicio.

El test de proporcionalidad está diseñado para respaldar las mejores prácticas regulatorias, y recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la proporcionalidad de los requisitos que restringen el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

Las diferencias constatadas en las regulaciones de las profesiones entre Estados miembros parecen acreditar la existencia de patrones distintos a la hora de llevar a cabo la obligada evaluación de proporcionalidad.

Y el test, al estar contenido en una directiva, debe ser aplicado por todos los Estados miembros, lo que permitirá una menor dispersión en la aplicación del criterio de proporcionalidad y mejorará la movilidad de los profesionales en Europa, reduciendo los obstáculos injustificados o desproporcionados.

En la medida en que los objetivos perseguidos por la Directiva 2018/958, es decir, garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y eliminar restricciones desproporcionadas en el acceso o ejercicio a profesiones reguladas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y se pueden lograr mejor a escala comunitaria, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art. 5 del Tratado de la Unión Europea, se considera que la Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos y, en consecuencia, la norma de transposición cumple igualmente con el principio de necesidad.

El plazo de transposición de la Directiva 2018/958, que finaliza el 30 de julio de 2020, aconseja iniciar ya la tramitación del proyecto de Real Decreto con esta consulta pública.

Objetivos de la norma

El Real Decreto 581/2017, de transposición de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones a nuestro ordenamiento[1], ya impone a las autoridades competentes españolas la obligación de llevar a cabo evaluaciones de compatibilidad con la libertad de establecimiento y prestación de servicios de los requisitos que, en su ámbito de competencia, limiten el acceso o ejercicio a una profesión. Y esa evaluación incluye valorar que dichos requisitos sean adecuados para garantizar la consecución de los objetivos de interés general perseguidos y que no excedan de lo necesario para conseguirlos.

El Real Decreto proyectado se aplicará con carácter adicional al Real Decreto 581/2017 y ayudará a las autoridades competentes a realizar las evaluaciones a que están obligadas, al establecer y explicitar la lista de cuestiones que deben plantearse al realizar dichas evaluaciones cuando adopten nuevas regulaciones sobre una profesión, o modifiquen las existentes, que incluyan requisitos que limiten el acceso o ejercicio de la misma.

El objetivo a nivel comunitario de establecer un test de proporcionalidad común a todos los Estados miembros es favorecer el buen funcionamiento del mercado interior de servicios profesionales en la UE, garantizando al mismo tiempo la transparencia y un nivel elevado de protección de los consumidores y usuarios.

El art. 7 de la Directiva 2018/958 detalla las cuestiones que han de ser tenidas en consideración a la hora de analizar la proporcionalidad de las nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, y de las modificaciones que se realicen en disposiciones ya existentes. Resultaría útil disponer en esta fase de comentarios sobre el contenido de la información que se debe aportar en cada uno de los apartados del test.

 

[1] Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa la reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI)

Posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias

Dado que estamos ante la obligación de transponer una directiva no existe solución alternativa.

En las fases iniciales de debate en el ámbito de la UE, por parte de algunos Estados miembros se plantearon soluciones distintas a la adopción de una directiva, por ejemplo una Comunicación de la Comisión, pero en la medida en que dicha alternativa, al no ser de obligado cumplimiento por los Estados miembros, no tenía poder vinculante para que todos los países utilizaran un test armonizado, la Comisión la desechó e hizo la propuesta de directiva que finalmente fue adoptada por el Parlamento y el Consejo y que ahora se debe transponer.

Anexos

Ver anexo en el apartado “Documentos”

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico consulta.sgoje@mineco.es hasta el 20 de enero de 2020 haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.