Proyecto de Real Decreto xx/2018, de XX de XX, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago

Unidad: Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

Antecedentes

La Directiva 2007/64/CE respondió en su momento a la fragmentación del mercado de servicios de pago minoristas en la UE mediante la adopción de un marco jurídico armonizado que tuvo su plasmación en el ordenamiento español en tres normas: la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago; el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago; y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago.

La primera de ellas, la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, incorporó  aquellas disposiciones de la Directiva 2007/64/CE que requerían rango legal. Por su parte, el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, desarrolló los aspectos más técnicos del régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago, en virtud de los contenidos y habilitaciones contemplados en la ley.

Desde entonces, el mercado europeo de pagos minoristas ha alcanzado un grado de integración notable, aunque siguen existiendo grandes espacios de fragmentación. A su vez, las innovaciones tecnológicas aplicadas a los pagos han dejado obsoletas algunas de las disposiciones de aquel incipiente marco jurídico. Estos y otros motivos dieron lugar a la aprobación de una segunda directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, la Directiva (UE) 2015/2366, que ha venido a derogar la Directiva 2007/64/CE y que, como aquella, hace preciso incorporar a nuestro ordenamiento las novedades pertinentes. La complejidad de la revisión aconsejaba seguir el mismo esquema normativo utilizado para la transposición de la primera directiva de servicios de pago -ley, real decreto y orden ministerial-, sin perjuicio de procurar que la tramitación y la entrada en vigor de las tres normas de nueva planta tenga lugar de forma acompasada a fin de evitar disfunciones en su aplicación.

En consecuencia, una vez avanzada la tramitación del anteproyecto de ley de servicios de pago, esta consulta pública se refiere al proyecto de real decreto de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago, y se realiza de manera simultánea a la del proyecto de orden ministerial sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago.

Problemas que se pretenden solucionar con la norma

La norma se enmarca dentro de la previsión recogida en el artículo 38 de la Constitución que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y atribuye a los poderes públicos la garantía y protección de su ejercicio y la defensa de la productividad.

Con la aplicación del real decreto sometido a consulta pública se espera lograr una mayor integración del mercado europeo de servicios de pago mediante el estímulo de la libre competencia y el establecimiento de normas adaptadas a los nuevos desarrollos tecnológicos.

A tal fin, la norma propuesta regula los aspectos más concretos y técnicos del régimen jurídico de la prestación de servicios de pago y de las entidades de pago

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La necesidad de aprobación de esta norma surge directamente del mandato establecido por la Directiva (UE) 2015/2366, siendo obligada su transposición en nuestro ordenamiento jurídico interno.

En particular, el real decreto responde a la necesidad de actualizar algunas previsiones relativas al acceso a la prestación de servicios de pago, a su ejercicio, especialmente el transfronterizo, y otra serie de elementos de carácter técnico. Se trata de materias que ya se encontraban reguladas en el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, y que ahora resulta preciso revisar a la luz de los avances tecnológicos aplicables a la prestación de servicios de pago y de servicios complementarios.

Objetivos de la norma

El objetivo principal del real decreto propuesto es el de regular aspectos concretos del régimen jurídico de los servicios y entidades de pago conforme a las remisiones legales efectuadas al desarrollo reglamentario. Entre otras previsiones:

  • Se establecen normas de detalle sobre sobre creación y condiciones de ejercicio de la actividad de las entidades de pago.
  • En particular, se regulan: el capital inicial mínimo; las exigencias de fondos propios y garantías; el registro, la actividad transfronteriza; el régimen de actuación y requisitos de los agentes; los aspectos organizativos y procedimentales de los servicios de atención al cliente, las especificaciones en materia de supervisión; y las adaptaciones del régimen sancionador.
  • También se establecen disposiciones sobre redes limitadas y operaciones de pago desde dispositivos electrónicos; especificaciones al régimen de control de participaciones significativas, en particular la definición de influencia notable; limitaciones operativas de las cuentas de pago; y disposiciones relativas al régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.

Más allá de los ámbitos materiales sobre los que se extenderá, el real decreto propuesto incide en otras cuestiones transversales, entre las que cabe destacar:

  • El aumento de las medidas de seguridad y mitigación de los riesgos que protejan a los usuarios de los servicios de pago, en particular del fraude y del uso ilegal de datos sensibles y de carácter personal.
  • El establecimiento de especificaciones para dos nuevos servicios de pago: los servicios de iniciación de pagos (iniciadores de pago) y los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas).

Posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias

El proyecto de real decreto completa la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2366. En consecuencia, no existe alternativa a la regulación propuesta.

Desde el punto de vista formal, la alternativa consistiría en una norma modificativa del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, si bien por razones de seguridad jurídica y coherencia se ha preferido mantener en el conjunto de la transposición la pauta seguida por la propia directiva.

No obstante, cabe plantear en esta consulta pública la existencia de varias opciones nacionales previstas en la directiva y que en la transposición quedan al ámbito del real decreto:

  • La exención prevista en el art. 32 de la directiva conforme a la cual se exime total o parcialmente del procedimiento y condiciones de autorización a determinadas entidades en función de su volumen de operaciones.
  • La fijación de los umbrales y condiciones en las que se aplicará la excepción prevista para instrumentos de escasa cuantía y dinero electrónico en relación con la exigencia de cumplimiento de ciertas obligaciones en la prestación de servicios de pago (art. 63.2 de la directiva).

Anexos

Ver anexo en el apartado “Documentos”

Espacio para la participación

Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico mailto:audiencia@tesoro.mineco.es hasta el 10 de abril de 2018 haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

 

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