¿Qué es y para qué sirve la Mejora de la Regulación?

Definición

El término “mejora de la regulación”, “calidad normativa” “regulación inteligente o eficiente” o en inglés “Better o Smart regulation”  es difícil de definir y, de hecho, no tiene una definición específica consensuada.

A lo largo de los últimos 30 años el concepto se ha ido conformando de forma progresiva. Así: 

  • Para la Unión Europea el término podría definirse como “la política que busca mejorar y simplificar el entorno regulatorio”. Desde esta perspectiva, la regulación sólo debería utilizarse cuando fuera necesaria, y siempre de forma apropiada y proporcionada a su objetivo. Debería ser transparente, accesible y simple para todos. El término se orienta a la consecución de un marco regulador de calidad. La Comisión Europea intenta así que sólo progresen las iniciativas legislativas necesarias, las que aportan valor añadido a nivel europeo y que vengan acompañadas de un análisis previo riguroso desde todos los ángulos (económico, social, medioambiental, etc.).
  • En el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el concepto de Better regulation se liga al de Regulatory reform, cuyo objetivo es “mejorar las economías nacionales y aumentar su capacidad para adaptarse a los cambios. Los continuos cambios sociales, económicos y tecnológicos requieren que los gobiernos consideren los impactos acumulativos e interrelacionados de los regímenes regulatorios, para asegurar que sus estructuras y sus procedimientos regulatorios son relevantes, robustos, transparentes, que rinden cuentas y tienen visión a largo plazo. Regulatory reform no es un esfuerzo de una vez, sino un proceso dinámico, a largo plazo e interdisciplinar”.

En definitiva, la mejora de la regulación ha de entenderse como una política pública en sí misma, de corte transversal y de carácter indispensable, que debe funcionar como premisa de desarrollo de cualquier intervención pública para garantizar la consecución de sus principales objetivos al mínimo coste. En este sentido, la mejora de la regulación puede definirse como un conjunto de principios (necesidad, proporcionalidad, no discriminación, etc.) e instrumentos que deben aplicarse durante todo el ciclo de intervención pública en sus diferentes fases (planeamiento, elaboración, aprobación, implementación y seguimiento, revisión y evaluación) para garantizar que ésta se realiza de la mejor forma posible.

Principios

Una pequeña historia (Antecedentes)

  • En la Cumbre de Edimburgo de 1992 la Unión Europea aprobó la Iniciativa “Better regulation” (a la que todos los Estados miembros están adheridos), que fue desarrollada en el Informe Mandelkern de 2001, como reflejo de la Estrategia de Lisboa del año 2000. En este informe se enumeran los elementos de la estrategia better regulation y se la define como la política que busca mejorar y simplificar el entorno regulatorio. Desde entonces hasta el momento actual son numerosas las iniciativas realizadas a nivel de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el fomento de la mejora de la regulación.
  • Así, en el ámbito de la OCDE cabe citar la «Recomendación del Consejo para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental» del año 1995, y la «Recomendación del Consejo sobre Política Normativa y Gobernanza» del año 2012. En el ámbito de la Unión Europea, es reseñable el «Paquete de Mejora Normativa de 2015», que, además de completar y reformular algunos de los principios de calidad normativa recogidos en las iniciativas «Legislar Mejor» de 2005 y «Normativa inteligente en la Unión Europea» de 2010, añade algunos principios nuevos, como son la evaluación a posteriori de la legislación, la participación de las partes interesadas y la mejora del acceso electrónico al conjunto de la legislación de la UE; y el Programa de Adecuación y Eficacia de la Regulación, («Regulatory Fitness and Performance Program» o REFIT), que contiene diversas propuestas dirigidas a integrar el «Programa Europeo de Reducción de Cargas» («Administrative Burden Reduction») con los objetivos de calidad normativa, especialmente en lo referente a las PYMES.
  • Los primeros antecedentes en España a nivel de la Administración General del Estado tuvieron lugar en la década de los 90, a través de las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • Las primeras iniciativas concretas vieron la luz a partir del año 2000 con la implementación de toda una batería de herramientas derivadas de diversas normas, todas en la dirección de la mejora de la regulación: Programas Nacionales de Reformas, sucesivos Planes de Simplificación Administrativa, planes normativos anuales, evaluación externa e interna, etc.
  • Desde el punto de vista normativo, en 2009 se producen como importantes novedades la aprobación del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de análisis de impacto normativo y el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Guía Metodológica para su elaboración. Con estos instrumentos se sentaron las bases del “Impact Assesment” para la Administración General del Estado. En el ámbito de los servicios se aprobó la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (denominada “Ley Paraguas”) que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). En ella se recogen por primera vez una serie de obligaciones vinculadas con los principios de la mejora regulatoria, en relación con la transparencia, la simplificación de procedimientos, la aplicación del principio de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, etc. Dos años después la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible, supuso la sistematización de los principios e instrumentos de mejora de la regulación.
  • En el año 2013, se aprobaron la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que pretende la promoción de un adecuado clima de negocios, una de cuyas herramientas más interesantes es la regla “one in one out”. Asimismo, se aprobaron la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y finalmente la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) que profundiza en la aplicación de los principios de mejora de la regulación en el ámbito económico.
  • En 2015 se produjo una reforma integral del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico del sector público con la publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas leyes contribuyen a la mejora de la regulación a través del incremento de la transparencia, de la seguridad jurídica, de la racionalización administrativa y de la mejora de la eficiencia de la Administración y de la calidad normativa. Como desarrollo normativo se ha aprobado, entre otras, el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

 

 

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